De 25 millones de personas que viven en suelo social, ya sean ejidatarios, comuneros o avecindados, tan sólo 5 millones son titulares de derechos. Es una pequeña cantidad que decide sobre el territorio de todos y propiedad de la nación, señaló Claudia Gómez Godoy, del Colectivo de Abogados.

A casi tres décadas de la gran reforma agraria, se requiere otra modificación constitucional ante los grandes problemas que se viven en el agro, como es la inseguridad de la tenencia de la tierra y el privilegio de los desarrollos sobre el uso productivo del suelo.

Lo anterior lo explicaron expertos que participaron en el foro Hacia una política agraria para el México del siglo 21, convocado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gómez Godoy aseveró que la política agraria ha sido patriarcal, los titulares de los derechos fueron los hombres, y es colonialista, pues a pesar de que los indígenas fueron los que demandaron respeto a las tierras, poco se vio sobre sus derechos específicos. La política ha sido desarrollista, con el parcelamiento, y en la idea de que la tierra por sí sola les daría mejor vida a los campesinos.

Sergio Salgado, abogado constitucionalista, destacó que desde 1992 ha habido 14 reformas, muchas de carácter procedimental, lo que indica que hay un rezago legislativo agrario, si no hay elementos actualizados va en detrimento de la gente y es necesario elevar la discusión.

Consideró un desacierto del Estado mexicano que en 2013 elevara a rango constitucional que los proyectos productivos son preferentes sobre cualquier otro uso que se le dé a la tierra.

Juan Carlos Pérez investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, destacó que entre los problemas agrarios están el sistema de procuración de justicia, que es obsoleto e inoperante, y la regularización de la tenencia, ya que sólo se avanzó en lo que le interesaba al mercado y se olvidó de lo que afecta a los pobres.

Es elevado el número de conflictos individuales, la presencia del crimen organizado, la anarquía en el mercado de tierras, la corrupción, impunidad y la lenta impartición de justicia. La Procuraduría Agraria y los tribunales han sido superados y no responden a las necesidades; además, son la principal fuente de conflictos en la materia y, donde no hay problemas, los crean.