Definitivamente, Mario Aburto no está incomunicado; absolutamente está en buen estado de salud y en esta administración no ha tenido falta de respeto a sus derechos humanos; hasta tiene oportunidad de comunicarse con su familia, respondió la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a la denuncia de la familia del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio.

En su conferencia de prensa matutina –celebrada en Mérida–, el presidente Andrés Manuel López Obrador adujo que el caso Colosio es un asunto de Estado, y se comprometió a que si Aburto y su familia tienen algo que decir, que signifique otra versión sobre los hechos, y si puede probar que fue torturado, que está amenazado y por eso ha guardado silencio, el Estado mexicano lo protegería.

Rosa Icela Rodríguez refutó la versión del aislamiento de Aburto, referida por sus familiares y promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “no; definitivamente el señor Aburto está recluido en el penal federal (de Guanajuato). Al momento no está incomunicado y en breve daremos respuesta puntual a los señalamientos de la CNDH.

Él está supervisado y tenemos la vigilancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo le puedo decir que, en la actualidad, durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de falta de respeto a sus derechos humanos. Bueno, hasta se le da oportunidad de comunicarse con su familia y con otras personas que no puedo decir aquí; tiene trato constante con el mundo exterior, replicó.

El mandatario abundó sobre el caso: “yo creo que si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y por eso ha guardado silencio –si es que existe otra versión–, el Estado mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa mucho que no haya ninguna duda sobre el lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio; fue una vileza lo que le hicieron. Entonces, sería un acto de justicia y, por lo mismo, un asunto de Estado.

Si él estuviera dispuesto a contar su versión, se brindaría toda la protección a él y a su familia; si tiene algo que aportar. Ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos, y eso es un compromiso, reiteró.

–¿Qué garantías se le darían? – se le preguntó.

–Tiene todo el apoyo. Voy a pedirle a Alejandro Encinas, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que se entreviste con los familiares y que hable sobre este asunto.