n días pasados la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, encargada de investigar y perseguir los delitos e iniciar las acciones penales contra los delincuentes en una de las urbes más grandes del mundo, informó de la decisión de la institución a su cargo, de poner en manos del Poder Judicial, el nada sencillo caso, derivado del accidente de la Línea 12 del Metro, acaecido el 3 de mayo de este año.
Con responsabilidad y eficiencia, encargó a una empresa especializada la determinación, mediante pruebas periciales, de las causas del accidente en el cual, además de daños materiales hubo pérdida de vidas y numerosos heridos; los expertos de la empresa noruega Det Norske Veritas, concluyeron que las trabes o vigas que sustentaban la vía y cargaban con el peso de los trenes y sus pasajeros, colapsaron debido a cálculos iniciales incorrectos y al uso de material inadecuado o mal empleado.
La fiscal, sin adelantar juicios, sólo puso a disposición del Poder Judicial a empresas y personas físicas que tuvieron a su cargo la ejecución de la polémica Línea 12. Como corresponde a su función, reunió las pruebas suficientes, llevó a cabo los razonamientos que ligan al hecho lamentable de la caída del tramo elevado de la Línea 12, con quienes tuvieron a su cargo la obligación de calcular con precisión y la vigilancia de que los materiales usados en el tramo elevado que se colapsó fueran de la calidad adecuada para que la vida de los pasajeros que en gran cantidad usarían ese transporte tuviera resistencia y firmeza a toda prueba. Restándole a su actuación cualquier carga política, se concretó a señalar quiénes son las personas y las empresas que tendrán que comparecer ante el juez del caso e hizo públicos los resultados de la prueba pericial; no faltaron quienes atribuyeron alguna intención de descalificación política a sus declaraciones; no hubo tal, pero, como suele suceder, estos críticos hubieran también hecho señalamientos si la fiscal no informa a la opinión pública que en la Ciudad de México es informada y perspicaz, lo que es posible, sin poner en riesgo la secrecía de la averiguación.
La maestra Ernestina Godoy tuvo el honor de ser la primera fiscal de la Ciudad de México, a partir de la aprobación de esta institución jurídica, que lleva a cabo las funciones de perseguir delitos, recabar pruebas y en el sistema acusatorio aportarlas al juez, institución que sustituyó a la antigua Procuraduría General de Justicia.
La característica de la fiscalía que la distingue de la antigua procuraduría es que tiene total autonomía de gestión, una ley orgánica que fija sus funciones y un presupuesto propio, por lo que no depende directamente de quien ocupa la jefatura de Gobierno; doña Ernestina Godoy ejerce esa autonomía pero mantiene coordinación permanente con la titular de la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya que entiende muy bien que autonomía no significa ni competencia, ni falta de coordinación con el gobierno.
En mi intervención como diputado constituyente, para aprobar la Constitución de la Ciudad de México en 2018, sostuve que la gobernabilidad de cualquier entidad, sea un estado de la República, la ciudad capital o la misma República Mexicana, requiere en el Poder Ejecutivo unidad de mando y de ninguna manera la pulverización del poder, porque a quien beneficia esta forma moderna de crear además de los tres poderes tradicionales otros autónomos es a los enemigos o competidores nacionales o extraños. Dividir puede crear problemas y rivalidades, como lo vimos en años recientes en Sudamérica, especialmente en Argentina y en Brasil.
Para la gobernabilidad se requiere que el Poder Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes y eficaces que le permitan garantizar la seguridad y la procuración de justicia; si en estas áreas tan sensibles hay dos cabezas, una Secretaría de Seguridad dependiente del titular del Ejecutivo y una fiscalía autónoma, las cosas fácilmente pueden deslizarse a los celos y las obstrucciones, con dos cabezas autónomas, la relación puede resbalar hacia un proceso disyuntivo, que ponga a competir a los titulares de ambas instituciones.
Desde mi punto de vista y dado que nuestra Constitución establece la autonomía de la fiscalía, se requiere que el funcionario o la funcionaria al frente del organismo autónomo, tenga la sensibilidad y la comprensión suficiente para desempeñar su trabajo en plena coordinación con las áreas dependientes de la jefatura de Gobierno; la fiscal Ernestina Godoy ha actuado de esa manera. Sin protagonismos y con eficacia, ha logrado la disminución de los delitos de más alto impacto en la ciudad capital y en momentos tan difíciles como los que pasamos con motivo de la pandemia.
Los capitalinos, debemos agradecer que fiscalía y gobierno, en buenas manos ambas áreas del poder público, caminan coordinadas y sin rivalidades.
