A un año de instalarse el Consejo de Asuntos Internos, 48 servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia capitalina han sido investigados por diversas causas administrativas, de los cuales 20 fueron destituidos, 12 suspendidos y 11 amonestados. A cinco no se les encontró responsabilidad.

Dentro de los sancionados está un agente del Ministerio Público (MP), que en 2019 fue acusado de torturar sicológicamente a una persona para declararse culpable; presuntamente no investigó para esclarecer un homicidio y ordenó la manipulación de información de varios oficios.

También en diciembre de ese año, se conoció que una agente se llevaba las carpetas de investigación a su domicilio e información en formato físico y digital, y habría obtenido beneficios económicos, posiblemente al vender, filtrar y alterar la información.

Otra agente de Ministerio Público, en septiembre de 2020 habría solicitado dinero en efectivo a los padres de una víctima fallecida, a fin de entregarles copia de la carpeta y la entrega del cuerpo, la que condicionó a la contratación de una funeraria en específico.

Mientras, otro agente en la fiscalía de Xochimilco fue destituido por no investigar, en octubre del año pasado, un caso de violencia familiar con perspectiva de género y no lo clasificó de forma adecuada como posible tentativa de feminicidio.

Un MP de la fiscalía en Iztapalapa, a su vez, habría contribuido en la liberación de un detenido por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, al señalar que el clobenzorex no era una sustancia sicotrópica.

Por otra parte, la Unidad de Asuntos Internos investiga a 76 servidores públicos, que fueron suspendidos temporalmente, mientras se realizan las indagatorias correspondientes, de los cuales 42 son agentes del Ministerio Público, 21 son oficiales secretarios, ocho responsables de agencia y cinco peritos.