La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine Otálora Malassis sostuvo que para garantizar los derechos político-electorales de las comunidades indígenas en México se requiere la ampliación de criterios en la interpretación del derecho; lo anterior, con el fin de evitar que lo que en una situación social es justo no se convierta en una norma injusta en otro contexto.

En el foro Legitimidad democrática en los pueblos y comunidades indígenas en tiempos de pandemia, la magistrada señaló que los tribunales electorales deben considerar, en sus resoluciones, las disposiciones que contempla el artículo segundo de nuestra Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con los derechos de las comunidades indígenas.

No debe haber un electorado de primera y otro de segunda; se deben considerar de la misma forma los derechos de los pueblos originarios; todos los votos deben valer lo mismo, sostuvo.

Es necesario que los tribunales impartan justicia intercultural para garantizar la legitimidad democrática de los pueblos originarios; es decir, establecer una progresividad de los derechos electorales y garantizar la legitimidad de las comunidades indígenas al maximizar su autonomía y proteger sus derechos político-electorales, indicó.