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Niega ministro Javier Laynez Potisek que condujera ebrio cuando fue detenido
Corresponsal y Reportero
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de octubre de 2021, p. 10

Torreón, Coah., Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue detenido el pasado 9 de octubre en esta ciudad y puesto a disposición del Ministerio Público (MP) por conducir en estado de ebriedad alrededor de las 2:05 de la madrugada, según el parte informativo de la Dirección de Tránsito y Vialidad local.

En un comunicado difundido anoche, el togado aceptó que fue arrestado por la policía municipal pero que nunca se le hizo ninguna prueba de alcoholímetro, que se le impuso una multa por cambio intempestivo de carril, sin que se le diera el recibo correspondiente.

Nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente, nunca tuve oportunidad de probarlo. Sostuvo que fue detenido por un uniformado fuera de cualquier retén o protocolo de alcoholímetro y que la infracción que se le levantó fue sólo por el cambio repentino de carril, lo cual, aseguró, tampoco ocurrió.

Con base en informes de la Fiscalía General del Estado, Laynez Potisek fue arrestado por elementos de vialidad en el cruce de las calles Bravo y 10 en el centro de Torreón –de donde es originario– cuando conducía un automóvil Stratus modelo 2006; los agentes detectaron que manejaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, le marcaron el alto y lo pusieron a disposición del MP. Lo ingresaron a los separos de la policía y horas después fue puesto en libertad supervisada.

El Código Penal de Coahuila sanciona con hasta tres meses de prisión por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos, y la libertad supervisada podría ser de tres meses, además de pagar una multa de hasta 500 días de salario mínimo.

Anoche, Javier Laynez dio su versión y dijo que a pesar de mi respetuosa y reiterada petición, a lo largo de todo este evento nunca pude ver ni hablar con un médico, con una autoridad, con un juez, con un ministerio público ni mucho menos con un representante de derechos humanos.

Señaló que al día siguiente los policías pidieron a sus familiares 6 mil 500 pesos en efectivo para liberarlo, de los cuales se negaron a entregar recibo o comprobante.

Indicó que a pesar de las irregularidades y publicaciones en las que se difundieron sus datos personales, decidió no presentar denuncia. No tengo absolutamente nada que ocultar ni de qué avergonzarme, concluyó.