Entre 2006 y 2019 México importó legalmente 233 mil 662 armas, en su gran mayoría (80 por ciento) provenientes de Estados Unidos, país donde se originó 70 por ciento de la introducción de armamento ilegal al país, dieron a conocer una veintena de organizaciones que criticaron la opacidad que hay en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre las operaciones de importación y destino final del armamento, con mucha frecuencia a corporaciones de seguridad pública.

Durante el lanzamiento de la campaña Paz sin Armas, denunciaron que el incremento de la violencia en México durante la última década está asociado, entre otros factores, a la cercanía con Estados Unidos, principal productor y exportador de armas legales e ilegales. En paralelo, este elemento se ha conjuntado con la militarización de la seguridad pública que se ha impuesto en México en años recientes.

Según el estudio, entre 2006 y 2019 se canalizaron 3 mil 114 millones de pesos para la adquisición de armas en el extranjero, de los cuales 2 mil 994 millones fueron pagados a empresas estadunidenses del ramo.

Al denunciar la falta de transparencia en la internación de armas al país –más allá de las que se introducen de manera ilegal– criticaron la opacidad asumida por la Sedena. La gravedad de este comportamiento se evidencia, dijeron, porque según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego estadunidense, del total de armas recuperadas en México en escenas del crimen, entre 70 y 90 por ciento fueron importadas desde Estados Unidos.

Las organizaciones convocantes (Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Global Exchange Data Cívica, programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana e Iglesias por la Paz, entre otras) sostuvieron que el impacto del incremento en el uso de armas va más allá de la seguridad pública, pues se refleja en la violencia cotidiana.

Nancy Carmona, de Equis, Justicia para las Mujeres, denunció que en el contexto del recrudecimiento de feminicidios en México, el uso de armas de fuego provocaba en 2006 tres de cada 10 muertes violentas de mujeres, en tanto que para 2020 se duplicó, pues ahora se cometen seis, con la característica de que cada vez son más los asesinatos en vía pública.

En este contexto, hicieron un llamado urgente al gobierno federal a construir una paz sin armas. El uso de armas de fuego sin controles facilita la ocurrencia de violaciones de derechos humanos, actos de tortura, ejecuciones, desa­pariciones forzadas, lesiones en personas, robos, extorsiones y violencia de género, ademas de forzar a poblaciones enteras a desplazarse o migrar para huir de la violencia.

Demandaron mayor transparencia en el proceso de importación y asignación de los usuarios finales de las armas legalmente introducidas al país mediante el establecimiento de un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales; garantizar diálogo permanente entre la sociedad y las fuerzas armadas, las corporaciones de seguridad y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, entre otras.