Los siniestros han ido en aumento en años recientes a escala global, debido a la mayor exposición a amenazas por los procesos de urbanización e incremento de la vulnerabilidad de la población, y México no es la excepción, señaló Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales.

Indica que en la nación, de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, durante 2020, como parte de los daños y pérdidas, la población afectada por fenómenos climáticos fue de 858 mil 735 personas, 255 mil 954 viviendas, 606 escuelas y 32 hospitales; de 2017 a 2020 se registraron 2 mil 392 defunciones debido a sismos.

En ocasión del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, establecido por Naciones Unidas el 13 de octubre, la ganadora del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (2019), comenta que México es un país con alta exposición a amenazas, porque se ubica en una zona de trópicos, donde se registran fenómenos hidrometeorológicos de diferentes tipos e intensidades. Eso no necesariamente representa un problema, sino tener entidades con indicadores de desarrollo social precarios, como ocurre en en Chiapas, Oaxaca y Guerrero; eso se va a reflejar en los impactos materiales, sociales y culturales de los desastres.

Explica que en nuestro territorio se da una combinación de problemas en términos de ingresos y asentamientos que señalan grandes desigualdades urbanas, como lo ocurrido en el cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, o las inundaciones en Ecatepec, porque la lluvia no se puede infiltrar debido a que los asentamientos sellan el suelo. Detrás de esos desastres hay una forma problemática de ocupación de la ciudad, que muestra problemas políticos y de regulación jurídica y que data de muchos años.

Las estrategias nacionales, recomienda Ruiz Rivera, deben enfocarse en la prevención y la reducción del riesgo porque hasta ahora la mayor parte se centran en preparar la respuesta y responder. Casi todos los esfuerzos son para establecer qué se va a hacer si hay una alerta.

Pero esa es sólo una fase de un gran proceso; debemos trabajar más en las causas de fondo, hacer planeación urbana o metropolitana y reducir la desigualdad. Se requiere una gestión integral de riesgos, multisectorial y multiactoral, donde cada sector aporte algo. Los ciudadanos, por ejemplo, deben acercarse a las unidades municipales de protección civil e informarse, participar en simulacros, y exigir atlas de riesgos públicos, transparentes y comprensibles.