La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal –organización regional de comunidades mexicanas con sede en la península de Yucatán– envió una carta abierta a António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que denunció la imposición del Tren Maya, el cual califica de etnocida, violatorio de sus derechos, desastroso y destructivo para nuestra identidad, por parte del gobierno federal mexicano.

Exigió al titular del organismo multinacional que el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), deje de colaborar en el mal llamado Tren Maya, y haga un exhorto claro e inequívoco a la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador para que detenga los trabajos de construcción y se reponga todo el procedimiento.

Manifestó que se debe empezar por reponer la realización de una genuina consulta indígena sobre el proyecto, bajo los estándares internacionales vigentes desde hace más de tres décadas en la comunidad de Naciones Unidas.

Expuso que “no existe documento oficial que manifieste el impacto cultural y etnocida que ya está en curso debido al tren. En vez de ello y para evitarse el trabajo y lavar su imagen, el gobierno mexicano contrató a ONU-Habitat, que no parece ver objeción ética en seguir colaborando de manera destacada y central –y muy promocional– en este megaproyecto violatorio de los acuerdos internacionales contra el etnocidio”.

En la misiva, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal reprochó que desde el 21 de mayo de 2019, ONU-Habitat presta apoyo sustantivo y técnico a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) en el contexto del proyecto Tren Maya.

Reclamó que a pesar de la abrumadora evidencia de violaciones a los derechos del pueblo Maya, varios organismos afiliados a Naciones Unidas han seguido participando de modo instrumental y central en dicho proyecto etnocida.

Por tanto, esta falta de congruencia nos causa pena, pesar y perjuicios irreparables, porque el tren que nos atropella lleva de modo ostentoso el sello de la ONU y sigue avanzando, a pesar de varias resoluciones judiciales en contra; sin olvidar, la enorme cantidad de vestigios arqueológicos hallados en los trazos de las vías, que el gobierno federal se está llevando de nuestras tierras.

Por ello, la asamblea “ha promovido seis juicios de amparo –con resoluciones favorables– contra el proyecto y ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares para proteger nuestra integridad, dado el ambiente de división y discordia que la Federación provoca con este proyecto en nuestra sociedad y en nuestras comunidades”.