Aunque diversos programas sociales del gobierno federal tuvieron un presupuesto robusto en los primeros dos años de esta administración, dichas cifras están comenzando a bajar debido a varios factores, entre ellos la carencia de un diseño adecuado o de sistemas efectivos para dispersar las transferencias monetarias, a lo cual se suma la falta de recursos fiscales suficientes.

Así lo advirtió Alejandra Macías Sánchez, directora del área de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), quien consideró que se deben hacer evaluaciones sobre el comportamiento de esos esquemas para ver su eficiencia real y corregir desde ya lo que sea necesario, sin esperar a que inicie un nuevo gobierno.

En 2019, recordó la especialista en charla con La Jornada, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo fondos por 40 mil millones de pesos, lo cual dejaba ver que la apuesta por ellos era muy grande, pero en 2020 bajó a 25 mil millones. Lo mismo ocurrió con Sembrando Vida y otros esquemas de ayuda, excepto la pensión para adultos mayores, que en 2022 tendrá recursos por hasta 238 mil millones de pesos.

Después del impulso que recibieron los programas sociales en el primer año de este gobierno, “en el siguiente nos damos cuenta de que no está pudiendo ejercer esa cantidad por ‘N’ razones: no estaban bien diseñados, no se podía encontrar a los beneficiarios o no había un aparato suficiente para entregar las transferencias”.

Gastos comprometidos

A lo anterior, señaló Macías, se sumó el hecho de que México tiene un grave problema de espacio fiscal, que es la cantidad de dinero que queda después de que a los ingresos totales del país se le restan los gastos comprometidos o ineludibles, como el pago de las pensiones y la deuda externa, así como las transferencias a las entidades federativas.

Quitando eso, nos queda apenas 2.1 por ciento del producto interno bruto como espacio fiscal, que se utiliza para salud, educación y programas sociales. Si ese espacio se sigue reduciendo, muy probablemente se reducirán los fondos de los programas prioritarios, excepto el de los adultos mayores, señaló Alejandra Macías.

En este escenario, la investigadora del CIEP llamó a que el gobierno federal haga una evaluación a fondo del diseño, los impactos y los resultados que han tenido sus programas sociales, para definir qué presupuesto tendrán y determinar si algunos de ellos no están siendo progresivos, es decir, si no están llegando de forma específica a la población con mayores carencias.