Con el objetivo de evitar fugas de impuestos por parte de empresas o personas que cambien su domicilio a países de baja tributación, también conocidos como paraísos fiscales, el gobierno federal propone una serie de medidas, entre ellas extender el tiempo en que se libere de la condición de residente mexicano a los contribuyentes.

“Los retos derivados de la movilidad de las personas físicas, las nuevas tecnologías y la necesidad de evitar el fenómeno de ‘apátrida tributario’, presentan nuevos requerimientos para garantizar la sujeción tributaria, de los que México no puede quedar aparte”, acota en la propuesta de miscelánea fiscal entregada al Congreso.

Entre las modificaciones al artículo 90 del Código Fiscal de la Federación, se plantea que la condición de residente en México se extienda hasta cinco años, en lugar de tres, con el propósito de homologar ese plazo con el que tienen las autoridades fiscales para determinar faltantes y omisiones en impuestos, así como imponer sanciones.

También se plantea que no aplique dicho plazo si una empresa o persona traslada su domicilio fiscal a un territorio, también de baja tributación, con el que México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información o un tratado en vigor que permita la asistencia administrativa mutua en la notificación, recaudación y cobro de contribuciones.

La propuesta, que es parte del Paquete Económico 2022, recalca que si bien es importante contar con los medios para obtener información, también es de gran relevancia contar con herramientas para lograr el cobro de créditos fiscales o llevar a cabo notificaciones.

La información de cuánto pierde el fisco de México por el traslado de recursos a países de baja tributación, sólo se advierte de manera parcial por casos particulares expuestos en notas periodísticas o por estimados.

Un estudio de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, publicado en noviembre del año pasado, apunta que el país pierde cada año 9 mil 67.4 millones de dólares, debido a que las empresas multinacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales, lo que equivale a 6.4 por ciento de los ingresos públicos.