Un total de 23 familias desplazadas de la comunidad El Manzano, del municipio de Uruachi, y de la población Monterde, ubicada en el municipio de Guazapares, localidades establecidas en la zona serrana de Chihuahua, tramitaron tres amparos contra autoridades federales y locales, a las cuales consideran omisas en implementar un programa de protección y reparación que les asista y les permita regresar a sus lugares de origen.

Los afectados han denunciado ante diversas autoridades desde 2015 la violencia que se vive en la región, ejercida por el crimen organizado para apropiarse de sus tierras, sembrar drogas y talar bosques ilegalmente.

Diversas familias desplazadas acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares ante la situación de gravedad y el riesgo de sufrir daños irreparables, fueron recibidas en abril de 2015.

Esas disposiciones no han sido suficientes para garantizar su protección y tres personas han sido asesinadas pese a la emisión de las medidas. El difunto más reciente fue Cruz Soto Caraveo, asesinado en octubre de 2019.

Ante la falta de respuesta adecuada, suficiente y oportuna por parte de las autoridades, una familia de apellido Girón promovió en mayo de 2021 una demanda de amparo, por la cual se le concedió una suspensión provisional consistente en garantizarle vivienda, alimentos y otras necesidades básicas. Además, exige que se proteja el interés superior de la niñez y bienes en su comunidad de origen.

En junio pasado, las familias Sánchez Lagarda y Soto Contreras promovieron otra demanda de amparo y se les concedió la suspensión de plano, con la que se reconocieron las graves omisiones a las que se han visto expuestas.

Los próximos 7 y 25 de octubre se celebrarán audiencias constitucionales, en las que se resolverá si estos amparos son procedentes, y las autoridades deberán pronunciarse sobre la reparación integral del daño, acceso a la justicia, condiciones de seguridad para el retorno a casa, medidas de restitución del patrimonio en las comunidades, y providencias de no repetición, estas últimas ligadas al establecimiento de una Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno, regulación al momento inexistente.

En este contexto, familias de El Manzano y Monterde ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la Ciudad de México, convocada por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, durante la cual reclamaron por el incumplimiento de las medidas cautelares de protección y retorno que les otorgaron los gobiernos federal y de Chihuahua.

En el acto, una de las afectadas, Nubia Sánchez, narró que criminales organizados le arrebataron sus propiedades y asesinaron a uno de sus hermanos por negarse a colaborar con ellos. A su vez, Gabino Gómez señaló que los desplazados han demandado desde hace años respaldo gubernamental para pacificar a la Sierra Rarámuri, y reiteradamente han obtenido respuestas negativas.

Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza reconoció la necesidad de acelerar la aprobación de un contexto legal que rija estas situaciones y garantice la reparación del daño, la protección de los afectados y las garantías a las comunidades de poder vivir en paz.