A partir del 1º de octubre comienza el plazo para que cualquier persona solicite la realización de la revocación de mandato, señaló Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), al destacar que ese organismo tiene el compromiso de garantizar que dicho ejercicio se lleve a cabo con los más altos estándares de calidad y seguridad que han caracterizado a los procesos electorales en el país.

En cada etapa se implementarán los estándares que han dado integridad y certeza a los comicios, dijo, pues la revocación de mandato es importantísima, incluso superior a una elección de la Presidencia la República, por sus efectos, ya que en el caso de concretarse, estaríamos entrando a una situación inédita en México.

Faz resaltó que el INE prevé la instalación de cerca de 161 mil 490 casillas y la capacitación de 646 mil personas que fungirán como funcionarios en la jornada, lo que hace necesaria la contratación de 37 mil supervisores y capacitadores electorales.

También se prevé imprimir las papeletas en papel seguridad, que se produzcan los materiales con todos los mecanismos de confianza que se emplean en los procesos electorales y un conteo rápido que permita conocer los resultados lo más pronto posible.

Estas actividades, mencionó, dependen en gran medida de la suficiencia presupuestal con que cuente el INE el próximo año.

El consejero Faz agregó que la ley es muy clara respecto de que son los ciudadanos y no los partidos los que pueden participar en la recaudación de firmas de apoyo a la consulta. Se debe tener el respaldo de 3 por ciento de la lista nominal en al menos 17 estados.

El INE, aseguró, permanecerá atento al cumplimiento de todas las restricciones previstas, que son muy similares a las aplicadas durante las elecciones, como el uso de recursos públicos.

Para la difusión de la consulta, la ley prevé que el INE promueva el ejercicio a través de los espacios que le corresponden en radio y televisión, vigilar su cumplimiento y verificar que ninguna persona física o moral adquiera espacios para posicionarse a favor o en contra de la revocación de mandato.