Durante 2020, se cometieron 3 mil 723 asesinatos de mujeres en México, de los cuales sólo 940 fueron clasificados por las autoridades competentes como feminicidios, aun cuando los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –en una sentencia relacionada con el homicidio de una mujer– establecieron que se debe procurar que en todos los casos se inicien las investigaciones como feminicidios y sólo posteriormente, de no conjugarse los elementos, reclasificarlos, señaló Amnistía Internacional (AI).

Al presentar el informe Juicio a la justicia: deficiencia en las investigaciones penales de feminicidios en el estado de México, Amnistía Internacional denunció que los errores, omisiones y negligencias cometidos por las autoridades favorecen la impunidad.

La actuación de las autoridades se asemeja a patrones registrados en Ciudad Juárez hace más de 20 años, por lo que el Estado mexicano debe corregir su desempeño para lograr justicia para las víctimas, dijo la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares.

Alertó sobre las deficiencias que se detectaron en las investigaciones sobre feminicidios en el estado de México, las cuales se reproducen en otras partes del país, por lo que concluyó que hay omisiones importantes del Estado para prevenir, evitar y sancionar este delito, como, entre otros, pérdida de evidencias fundamentales, restricciones en las líneas de investigación y revictimización de los familiares que, con frecuencia, son quienes tienen que impulsar las indagatorias con sus propios medios.

No tipificar de origen los casos como feminicidios evita la aplicación de los protocolos propios de este delito, que implica la atención con perspectiva de género. Olivares recordó la resolución de la SCJN sobre Mariana Lima Buendía, que determinó que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio.

Olivares destacó el incumplimiento de obligaciones del Estado mexicano derivadas de resoluciones de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que se pronunció sobre la violencia contra la mujer en México al resolver el caso del campo algodonero, donde fueron asesinadas tres mujeres en Ciudad Juárez, y remitió recomendaciones. Por ello, demandó al gobierno federal reconocer la magnitud de los feminicidios y desapariciones en el país.

Para AI, en la actualidad la situación no ha variado mucho: Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales de los que México es parte, así como las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la CoIDH que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres.