Madrid. En la misma semana en la que se pagó el precio más caro por la electricidad en la historia de España –192 euros por megavatio/hora en su pico más alto–, también se declaró una guerra abierta y sin cuartel entre las grandes empresas del sector energético contra el gobierno español del socialista Pedro Sánchez.

Al margen de las amenazas de presentar sendas querellas ante los tribunales por el plan de choque aprobado por la administración el pasado martes, en el que se contempla confiscar una parte de sus beneficios, los cuatro grandes operadores en el país han sufrido una caída histórica en el mercado bursátil, llegando a acumular pérdidas por más de 7 mil 200 millones de euros (170 mil millones de pesos). La tensión va en aumento y ya sin disimulos.

La coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) enarbolaron durante la campaña electoral que una de sus prioridades sería la lucha contra la pobreza energética. Este concepto se refería a la paulatina y masiva exclusión social que va provocando el encarecimiento de la electricidad, el cual impide a cada vez más familias y personas usar elementos tan básicos como el horno, la plancha, el aire acondicionado o la calefacción, que en los meses de más calor o frío son imprescindibles.

Casi tres años después de asumir el poder, el país vive inmerso en una histórica crisis energética, con el precio de la electricidad en marcas históricas –más de 300 por ciento más cara que hace cuatro años– y con la alarma encendida no sólo de los usuarios particulares, sino también de los pequeños y medianos comercios.

El gobierno de Sánchez finalmente reaccionó, después de un largo periodo de titubeos y tribulaciones, y el pasado martes aprobó un decreto en el Consejo de Ministros en el que además de autorizar la confiscación de una parte de los beneficios de las empresas eléctricas, también fijó un precio máximo en el mercado del gas y una reducción de la carga fiscal en la factura de los usuarios.

Desde las empresas eléctricas, sobre todo las cinco más afectadas –Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona– se reaccionó con malestar. Y decidieron ponerse en pie de guerra, de hecho ya dieron instrucciones a sus equipos jurídicos de evaluar las vías legales para impugnar estas medidas ante los tribunales, según reconocieron fuentes oficiales de las empresas.

Es un paso decisivo hacia la primera gran batalla entre el gobierno español y el sector energético, que hasta ahora habían mantenido una relación de connivencia. Las empresas, beneficiándose de las medidas adoptadas por los gobiernos anteriores, tanto del PSOE como del derechista Partido Popular (PP), y los partidos políticos recibiendo a cambio financiamiento y el habitual sistema conocido de las puertas giratorias, que consiste en que los políticos relacionados con el sector acaben ocupando grandes puestos directivos en las empresas.

Uno de los ejemplos más escandalosos es el de la ex ministra socialista Beatriz Corredor, actual presidenta de Red Eléctrica Española –que es en parte pública y en parte privada–, quien percibe un salario anual superior al medio millón de euros (12 millones de pesos).

Las empresas eléctricas están valorando dónde presentar la batalla legal, si en los tribunales españoles o ir directamente a la justicia europea, dado que España forma parte de la Unión Europea (UE) y se trata de un mercado regulado por la normativa comunitaria.

Esa misma vía la están analizando los pequeños y medianos accionistas, que desde sus respectivas asociaciones han contratado los servicios de dos importantes despachos de abogados para intentar recuperar parte del dinero perdido en los últimos días por una medida que tildaron de injusta y arbitraria.

El departamento de análisis de Banco Sabadell estimó en un informe reciente que el impacto de las medidas aprobadas por el gobierno en los ingresos de Iberdrola será de mil 100 millones de euros. A lo que hay que agregar la pérdida en el mercado bursátil desde el pasado martes, que ya suma más de siete mil 200 millones de euros en todo el sector.

Además de la batalla judicial, desde el Foro de la Industria Nuclear Española –integrado precisamente por las cinco empresas energéticas más afectadas– amenazaron con cerrar las centrales nucleares antes de lo previsto, lo que provocaría un nuevo y masivo cataclismo en los precios.

De momento, el gobierno español se mantiene firme y advierte que no rectificará. Que su intención es moderar los precios, sobre todo para los usuarios particulares y las pequeñas y medianas empresas con medidas que, en el mejor de los casos, se empezarán a notar en marzo del próximo año, aunque tampoco hay esa garantía al tratarse de un sector regulado en el mercado internacional. La batalla será larga, dura y áspera. El resultado, incierto.