Un juez de control vinculó ayer a proceso a Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, por el delito de fraude genérico por más de 30 millones de dólares contra la empresa Crédito Real.

En la continuación de la audiencia inicial, tras vencer la ampliación del término constitucional solicitado por la defensa del imputado, que se prolongó más de seis horas, el impartidor de justicia le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De esta manera, permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde fue ingresado el pasado jueves, luego de su detención en la zona de Polanco, durante los tres meses de plazo fijados para el cierre de la investigación complementaria.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros señaló en la audiencia, que se llevó a cabo en las salas orales del Tribunal de Justicia, en Doctor Lavista, que el ahora imputado está relacionado con el delito de fraude.

De acuerdo con la indagatoria, el empresario firmó el primero de julio de 2020, junto con otras dos personas, un contrato de crédito simple, un pagaré de la deuda y sus intereses; así como un convenio de mediación privada.

En el contrato quedó establecido que el accionista mayoritario de la aerolínea actuaría como obligado solidario, tras asegurar que contaba con bienes suficientes para respaldar el pago correspondiente, el cual no se realizó en noviembre de 2020, como estaba pactado.

Buscan a Cabal Peniche y a su esposa

El financiamiento, de acuerdo con fuentes judiciales, fue otorgado presuntamente para una empresa del empresario Carlos Cabal Peniche y su esposa Teresa Pasini Bertán, contra quienes existe una orden de aprehensión, pero se encuentran prófugos de la justicia.

La parte afectada presentó en mayo pasado una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia, que derivó en la aprehensión del empresario en la alcaldía Miguel Hidalgo, por elementos de la policía de investigación, el pasado jueves.

En el artículo 230 del Código Penal se establece una pena de seis a 11 años de prisión y de 800 a mil 200 días de multa; es decir, entre 71 mil 696 a 107 mil 544 pesos, cuando el valor de lo defraudado exceda de 10 mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México.