La primera sesión ordinaria de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México se caracterizó por continuar las pugnas entre Morena y la oposición que distinguió los tres años de la primera. Ayer se suscitaron por la incorporación del ex perredista Janecarlo Lozano Reinoso a la bancada morenista, lo que PRD y PAN consideraron ilegal.

Morena defendió la incorporación de Lozano a su fracción, pues si bien la Ley Orgánica del Congreso señala que antes de constituirse la legislatura el primero de septiembre, debían entregarse las listas de formación de los grupos parlamentarios a más tardar el 28 de agosto, el reglamento señala excepciones a las que se ajustaron la renuncia y adscripción voluntaria de Lozano, así como la sustitución que debió realizar de José Luis Rodríguez por Isabela Rosales, debido a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que rescindió al primero la constancia de asignación como diputado plurinominal, para reasignarla a esta última, horas antes de la sesión constitutiva.

La vicecoordinadora de Morena, Guadalupe Morales, explicó que el plazo de notificación del 28 de agosto no significa que esa composición es inmutable y tampoco limita el derecho de los legisladores a reagruparse.

El vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, acusó a Morena de haber realizado un acto de compraventa con Lozano, que como diputado plurinominal fue elegido por los votos del PRD.

En esta primera sesión se presentaron nueve iniciativas, entre éstas una a la Constitución local en materia de derechos de las personas mayores, una al Código Civil para incorporar un título en materia de tutela de los derechos de los animales y diversas normas para prevenir la violencia obstétrica en mujeres indígenas, en contra de castigos corporales y medidas disciplinarias violentas a menores y para el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente en el Legislativo.

En tanto, la Junta de Coordinación Política busca generar un acuerdo que permita recuperar algunas de las 2 mil 633 iniciativas que no fueron dictaminadas por la primera legislatura.

El reglamento del Congreso impide que iniciativas de ley y de reforma constitucional no pasaran a la siguiente legislatura, a excepción de las que fueron dictaminadas pero no se sometieron al pleno.