as deudas se pagan tarde o temprano y más si tienen una dimensión social. Es lo que ocurre con la guerra sucia que la nación padeció entre finales de la década de los 60 y principios dela de los 80.

Por eso tiene sentido la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer una comisión de la verdad que esclarezca esa historia tan compleja y terrible, promoviendo un esquema de justicia y de no repetición.

Sería absurdo partir de cero. Por dos motivos. Para no desperdiciar el amplio caudal de investigación que existe al respecto y para no generar falsas expectativas. Hay que tener muy claro que muchos de los protagonistas, la mayoría, están muertos y que a estas alturas sería difícil abrir las carpetas de investigación respectivas.

Sin embargo, hacerse cargo de lo ocurrido, desde la perspectiva de la continuidad institucional tiene mucho sentido, porque es evidente que el tema no está resuelto para quienes buscan a sus familiares desaparecidos desde hace ya décadas.

Hace 20 años, el ombudsman José Luis Soberanes emitió la Recomendación 26/2001 al presidente Vicente Fox, en la cual se hace un recuento de lo ocurrido en aquellos años de fuego y plomo.

La CNDH tuvo acceso a 80 millones de fichas que se encontraban en la bóvedas del Cisen, revisó centros de reclusión, procuradurías, la cárcel militar y los cuarteles en Pie de la Cuesta y Atoyac, en Guerrero, entre otros puntos de interés.

Lo único que quedó sepultado en el pasado, son los archivos de la Dirección de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal, porque se deshicieron de ellos desde 1989.

El documento de la CNDH dio pie a la creación de la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado de la PGR, y revela el modo de operar de operar de los grupos que se crearon para enfrentar a las guerrillas campesinas y urbanas.

Se concluyó, desde entonces, que los integrantes de la Brigada Blanca, la fuerza paramilitar integrada por elementos la Dirección Federal de Seguridad (DFS), las procuradurías General de la República y del Distrito Federal, la Dirección General de Policía y Tránsito, diversas dependencias de los estados y el Ejército Mexicano, fue utilizada para detener, torturar y desaparecer cuando menos a 275 personas de los 532 casos que se indagaron.

La Brigada Blanca tenía su cuartel en el Campo Militar Uno. La DFS se encargaba de girar las instrucciones desde la Comisión de Seguridad y el comandante del Segundo Batallón de la Policía Militar, de las acciones directas de los órganos ejecutores compuestos por ocho grupos operativos. Cuarenta y dos agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia tenían tareas logísticas y de apoyo. Las operaciones iniciaron en 1976 y no concluyeron hasta 1981.

Pero eso sólo fue la sistematización de algo que ya estaba ocurriendo desde finales de la década de los 60 y que alcanza al menos dos periodos presidenciales: el de Luis Echeverría y el de José López Portillo.

El objetivo principal de los agentes de la Brigada Blanca eran los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero la los tentáculos de aquella también alcanzaron a las guerrillas del Movimiento Armado Revolucionario, Comando Armado Lacandones, Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, entre otras organizaciones.

Los detenidos eran conducidos a casas de seguridad o centros de detención y ahí se les interrogaba. La mayoría nunca tuvo acceso a un abogado. Los tratos crueles eran constantes y muchos de quienes caían en esos lugares nunca volvían. Más allá de de información, los agentes policiales lo que querían era implantar castigo fuera de toda norma y lógica legal.

La Recomendación 26/2001 tiene la virtud, además, de haber zanjado el debate para dejar muy claro que más allá de las probables conductas delictivas de los guerrilleros y de quienes eran acusados de serlo, esto no justifica que desde el Estado mismo se haya violentado la legalidad para cometer delitos de lesa humanidad y en particular el de la desaparición forzada que tanto daño causa.

* Julián Andrade, periodista

Twitter: @jandradej