Bogotá. Miles de personas convocadas por sindicatos marcharon pacíficamente ayer en las calles de las principales ciudades de Colombia, en una nueva jornada de protesta para presionar al Congreso por la aprobación de leyes de beneficio social y económico que favorezcan a los más pobres.

Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín fueron escenario de una nueva jornada de movilizaciones, que tuvo menos participación de la esperada, en comparación con las multitudinarias manifestaciones de abril y mayo contra el gobierno, que fueron reprimidas por fuerzas de seguirdad con saldo de al menos 44 muertos, más de mil 600 víctimas de violencia física y más de 2 mil detenidos.

Los manifestantes también protestaron por la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, al tiempo que rechazaron un proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del presidente Iván Duque al Congreso para recaudar 3 mil 933 millones de dólares, al considerarlo lesivo para los intereses de los trabajadores.

El proyecto fiscal, clave para aliviar las finanzas de la cuarta economía de América Latina, fue aprobado antier en primer debate de las comisiones económicas del Legislativo y seguirá su curso en las sesiones plenarias.

Queremos llamar la atención al Congreso para que se dé trámite a los 10 proyectos que radicó el Comité Nacional de Paro y que enarbolan los puntos del pliego de emergencia que el gobierno se negó a negociar, declaró a Reuters el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés.

Los proyectos de ley buscan una renta básica de 235 dólares mensuales para 7.5 millones de familias pobres durante 13 meses, educación universitaria gratuita y auxilios financieros para las pequeñas empresas. Pero más de un mes después de iniciadas las sesiones en el Congreso, las iniciativas no han avanzado.

Duque, quien dejará el cargo en agosto de 2022, tal vez logre la aprobación del proyecto de ley de impuestos, pero según analistas y legisladores, otras de sus propuestas impopulares tienen pocas posibilidades de ser aprobadas.

Entre enero y agosto la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado 40 homicidios de líderes sociales en Colombia y en 2020 documentaron 133 asesinatos y 76 matanzas.

Los sindicatos, grupos de estudiantes y otras organizaciones sociales que conforman el Comité Nacional del Paro, suspendieron desde junio el diálogo con el gobierno, con lo que se estancó la posibilidad de una negociación para poner fin a las protestas que, según anunciaron, podrían intensificarse si sus demandas no son atendidas.

La pobreza y el desempleo aumentaron por el impacto de la pandemia de Covid-19.