Caracas. El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer que consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un informe en el cual se presentan pruebas de que las sanciones impuestas por Estados Unidos constituyen un crimen de lesa humanidad.

El lunes, Venezuela entregó ante la fiscalía de la CPI un informe contentivo de evidencias sobre el daño que causan las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez en una rueda de prensa acompañada del canciller Félix Plasencia.

En un informe que se anexó al caso Venezuela II se detalla que existen motivos razonables para creer que se han cometidos crímenes de asesinato, persecución, exterminio y otros actos inhumanos contra la población civil venezolana, añadió Rodríguez.

Estados Unidos, cabe destacar, no reconoce la jurisdicción de la CPI.

La vicepresidenta venezolana destacó que las sanciones internacionales impuestas por Washington han provocado desde el bloqueo de fondos para adquirir vacunas contra el Covid-19, hasta la adquisición de repuestos y otros insumos que han afectado servicios esenciales como el funcionamiento de acueductos y centrales eléctricas.

Precisó que hay 192 personas sancionadas, entre ellas Maduro y varios de sus colaboradores; 150 empresas, de las cuales 140 son firmas privadas de 26 países que prestaban servicios en este país.

Además, han sido sancionadas 69 embarcaciones, 30 buques petroleros, 58 aeronaves y fueron retenidos los fondos estatales en varios países, incluyendo 342 millones de dólares de una cuenta del Estado Venezolano en el Citibank, monto que fue remitido al Departamento del Tesoro estadunidense.

Maduro ha pedido al gobierno del presidente Joe Biden desbloquear el dinero venezolano retenido en el sistema bancario internacional debido a las sanciones.

Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 argumentando que ese país impulsa planes para desestabilizar al gobierno y forzar su derrocamiento.

Washington congeló todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió a sus ciudadanos y socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder, a quien acusa de resultar electo en 2018 en comicios fraudulentos.

Venezuela consignó su informe dos semanas después de la divulgación de un documento de la fiscalía de la CPI suscrito por la ahora ex fiscal general de ese organismo Fatou Bensouda, en el cual concluyó que existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de la competencia de la corte penal al menos desde 2017, acusaciones que rechazó la república bolivariana.