Río De Janeiro., La gran mayoría de los gobernadores de los estados de Brasil acordaron ayer solicitar formalmente un canal de diálogo con el presidente Jair Bolsonaro, al tiempo que reforzaron la necesidad de defender las instituciones democráticas de los ataques del mandatario.

En la reunión estuvieron presentes 25 de los 27 gobernadores brasileños; 22 de forma remota por videoconferencia y tres de forma presencial en Brasilia: el de Piauí Wellington Dias, del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, y de Rondonia, Marcos Rocha.

Dias indicó que solicitarán una audiencia con Bolsonaro para reducir la tensión entre los poderes públicos, y señaló que preparan una carta dirigida a los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se realicen encuentros con el objetivo de reducir la inestabilidad política, además de avanzar en las agendas de interés para los estados.

Agregó que los gobernadores defienden una posición única en defensa de la democracia, el respeto a la Constitución y la ley, con el fin de evitar que los inversionistas abandonen el país, y se pronunciaron contra una reforma fiscal que podría generar una pérdida de ingresos para los estados.

La reunión se celebró luego de que Bolsonaro presentó el viernes ante el Senado una solicitud de destitución del juez Alexandre de Moraes, del STF.

Dado que en el grupo de gobernadores hay diversidad de partidos e ideologías, y que algunos siguen apoyando al presidente, finalmente se optó por no divulgar una carta conjunta con críticas a Bolsonaro, según la prensa local.

Los gobernadores apoyaron la decisión del mandatario de Sao Paulo, Joao Doria, quien ayer anunció la destitución por indisciplina del jefe de comando de patrulla del interior del estado, coronel Aleksander Lacerda, quien llamó a participar en las manifestaciones de apoyo a Bolsonaro previstas para el 7 de septiembre y atacó a políticos rivales.

El despido de Lacerda, que dirigía una fuerza regional de Sao Paulo con unos 5 mil hombres bajo su mando, pone de manifiesto el amplio apoyo que Bolsonaro, capitán en retiro del ejército, tiene entre los aproximadamente 500 mil policías militares de Brasil.

Los críticos dicen que Bolsonaro trata de reunir su apoyo antes de una elección presidencial que se prevé muy polémica en 2022.

El mandatario, que marcha detrás del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la mayoría de las encuestas, ha puesto en duda el proceso electoral y ha atacado a las autoridades del ramo, lo que hace temer que no acepte una derrota.

Si la Policía Militar apoya sus afirmaciones, supondría un importante riesgo para la democracia en el mayor país de América Latina, de acuerdo con expertos.

La Policía Militar en servicio activo tiene prohibido hacer manifestaciones políticas.

En otra mala noticia para Bolsonaro, la justicia federal de Brasilia rechazó la petición para reabrir el caso conocido como Sitio de Atibaia, con lo que ya suman 16 las decisiones judiciales en las que Lula fue plenamente absuelto o tuvo sus procesos archivados, ante la inconsistencia de las denuncias.

La decisión es importante para el ex presidente porque de reabrirse el caso y recibir una condena estaría fuera de las elecciones del proximo año.

En este proceso, Lula era acusado de haber recibido ventajas indebidas de empresas como Odebrecht, que hicieron las obras de reforma de una casa de campo en Sao Paulo, el famoso sitio de Atibaia.

La casa no era de Lula, sino de un amigo, pero la justicia alegó que como el ex presidente frecuentaba mucho ese lugar, él era el verdadero propietario.

El caso fue anulado por el TSF porque fue instruido por la justicia de Curitiba, que lideraba el entonces juez Sergio Moro, que no tenía competencia para tratar el caso.

En tanto, miles de indígenas iniciaron en Brasilia una semana de movilizaciones para presionar al Congreso y el máximo tribunal ante la discusión de proyectos y casos cruciales para el futuro de sus derechos y territorios.