La Paz., El pueblo boliviano ya no está para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio, sostuvo ayer el presidente Luis Arce, al advertir que seguirá buscando justicia para las víctimas de las matanzas de 2019, en respuesta a la oposición y a diplomáticos que pidieron un trato especial para la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, principal acusada de esos hechos.

En un acto celebrado en el gran cuartel general de las fuerzas armadas, Arce declaró lo anterior dos días después de que Áñez, acusada de participar en un golpe de Estado y en vías de enfrentar, además, un juicio de responsabilidades por genocidio, intentó suicidarse en la cárcel de La Paz, donde cumple detención preventiva.

Sin mencionarla expresamente, Arce dejó claro que se refería a Áñez al señalar que el golpe que la llevó al poder no sólo causó daño económico, sino también una deuda con 38 familias en el país, en alusión a otras tantas víctimas de matanzas cometidas por tropas enviadas por la ex presidenta golpista a reprimir protestas.

Arce agregó que la reconstrucción de la economía, que consideró dañada por el intento de neoliberalizacion que atribuyó a Áñez, es parte de un proceso de pacificación y sinceramiento que debe pasar por la justicia, al repetir conceptos de un reciente informe internacional sobre la violencia política en el país.

Los últimos acontecimientos están dando luces acerca de lo que se tiene que hacer: la forma de pacificar, correcta, real y concreta que tenemos es la aplicación de justicia a la brevedad posible, como piden las familias de las personas que han muerto, afirmó.

Recordó el golpe de Estado que instaló hace medio siglo la dictadura militar de Hugo Banzer, como un ejemplo que no debería repetirse en Bolivia.

En este camino de la reconstruccion, de la pacificación, tiene que entrar necesariamente la justicia. En el golpe de Estado de 1971, también hubo muertes y 50 años después sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en ese golpe; el pueblo boliviano ya no está para soportar ninguna impunidad.

Áñez, quien en sus 11 meses de régimen de facto intentó sin éxito eliminar al Movimiento al Socialismo –partido de Arce y el derrocado presidente Evo Morales–, sufre hipertensión y ansiedad, según diagnosticó una junta médica un día antes de su intento de suicidio.

Ex presidentes conservadores y parlamentarios de la minoría opositora han activado presiones para que la justicia conceda a Áñez la posibilidad de defenderse en libertad.

Representantes de la Organización de Naciones Unidas pidieron a su vez que el Estado brinde a Áñez un trato acorde con las normas internacionales, en especial en materia de salud y bienestar.

Autoridades de régimen penitenciario han asegurado que Áñez goza ya de un trato especial, con sistema de monitoreo médico exclusivo, alimentación provista por su familia y, desde el fin de semana, permiso para que sus hijos pernocten con ella.

En tanto, el fiscal de Argentina, Claudio Navas Rial, quien investiga el envío de armamento a Bolivia durante el golpe de Estado de 2019, imputó ayer al ex jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, al ex canciller Jorge Faurie, y al ex secretario de asuntos estratégicos Fulvio Pompeo, todos ellos del gobierno de Mauricio Macri, quien fue uno de los primeros en reconocer a Áñez tras el derrocamiento de Morales.

La justicia argentina investiga el envío irregular de distintas cantidades de cartuchos, gas lacrimógeno y granadas de gas a Bolivia para poner a disposición de la policía y fuerza aérea de ese país, a los pocos días de la asunción de Áñez tras la renuncia de Evo Morales en medio de acusaciones de fraude electoral sin ninguna prueba de por medio.