n una historia que parece no tener fin, el consorcio minero canadiense Americas Gold and Silver se niega a respetar la ley mexicana, siempre confiado en que alguien no puede o de plano no quiere arreglar una huelga que se prolonga por más de un año, con todo y que el presidente López Obrador ha sido insistente en que las partes en conflicto, junto con las autoridades supuestamente competentes, solucionen las diferencias y reanuden las operaciones en ese centro de trabajo.

Como se ha comentado en este espacio, se trata del conflicto obrero-patronal en la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, concesionada a Americas Gold and Silver (sólo en ese estado cuenta con 67 permisos de explotación que abarcan cerca de 20 mil hectáreas), una trasnacional que se pasa la ley mexicana por el arco del triunfo, con la connivencia (por omisión o comisión) de las presuntas autoridades nacionales encargadas de vigilar su cumplimiento.

La solución a la irreverente actitud de la minera está en la propia ley mexicana: si no acata, se le cancela la concesión, pero parece que las titulares de Gobernación, Economía y Trabajo, que el propio Ejecutivo designó para resolver el conflicto, se comportan como los monos sabios (no ver, no oír, no escuchar), porque la huelga estalló más de un año atrás y cada que la solución está a punto de turrón siempre, como por arte de magia, surge algo que lo impide.

Para dar contexto a esta situación, hay que mencionar que (dadas la permanente violación de los derechos laborales y las nulas condiciones de seguridad) el 17 de septiembre de 2020 los trabajadores llevaron a cabo un recuento de votos (organizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) para determinar la titularidad del contrato colectivo en la mina San Rafael. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que preside Napoleón Gómez Urrutia, obtuvo la mayoría y el 29 de ese mismo mes recibió el laudo correspondiente. Pero la minera canadiense se niega a reconocer los resultados.

¿Quién y cómo informa a López Obrador?, porque en diciembre de 2020 el mandatario daba por hecho que el conflicto en la mina se había resuelto. El problema es que de nueva cuenta designó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, solucionar el conflicto, es decir, a la misma que no ha dado pie con bola desde el principio.

Andrés Manuel retomó ayer el asunto (todo indica que con base en la desinformación que le transmiten) y equivocadamente atribuyó el problema a un mero pleito entre Carlos La Marrana Pavón (quien nunca fue cabeza del sindicato minero, pero sí creó su organización blanca, al servicio de los patrones, amén de que fue encarcelado por fraude) y Napoleón Gómez Urrutia, y esa es la historia en general.

Pues no, porque no se trata de un pleito, sino de la rotunda negativa de una trasnacional a respetar la ley mexicana y reconocer el derecho de los trabajadores a decidir quién los representa (titularidad del contrato colectivo), en este caso el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Ayer, el propio sindicato comunicó que el 12 de agosto de 2021 el juez oral de control con sede en Mazatlán desechó las acusaciones de la empresa Americas Gold and Silver en contra de líderes de nuestra organización, que representan a los trabajadores de la mina en Cosalá. Esta decisión demuestra la falsedad de las acusaciones y la persecución en contra de los dirigentes de la sección 333.

Subrayó que la empresa se niega a reconocer y tratar con los representantes sindicales de la sección 333, incluso después de ratificar nuestra legitimidad en septiembre del año pasado. La negativa de la empresa a dialogar ha causado que no se resuelvan temas cotidianos que afectan a los trabajadores, como la aplicación del contrato colectivo, pago de salarios caídos, reinstalaciones, reglamento de trabajo, y revisión y actualización del pacto colectivo. Entonces, ¿para cuándo?

Las rebanadas del pastel

¿Quién es el responsable de contratar personal en el SAT?, porque amerita tache: incorporó al equipo a Óscar Moreno Villatoro, ex director general de Administración de Prisiones Federales en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, señalado como cercano a Genaro García Luna e investigado por presuntas irregularidades administrativas. ¿Mano negra?

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