Con la convicción de que no será una negociación fácil, ni a corto plazo, y que requerirá de que ambas partes hagan concesiones, el gobierno de Venezuela y la oposición firmaron ayer en la Ciudad de México un memorando de entendimiento que sienta las reglas y los objetivos de una mesa de diálogo que ha captado la atención mundial.

Redactado por Noruega, reino que media el acercamiento, el memorando compromete al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición liderada por Juan Guaidó a negociar intensa, integral y pacíficamente para conseguir acuerdos que lleven a la celebración de elecciones, a que se levanten las sanciones económicas y a que se establezcan vías para la convivencia social y política, entre otros puntos.

El documento establece que las negociaciones, para las que no se contemplan plazos ni fechas límite, serán en México, que el facilitador será Noruega, y que los Países Bajos y Rusia tendrán el papel de acompañantes. Además, habrá un grupo de países, amigos del proceso, que serán invitados y dados a conocer por el reino noruego.

La delegación gubernamental venezolana y la opositora estarán integradas por nueve personas y en el memorando se especifica que las partes se esforzarán por incluir mujeres en ellas.

Todo el diálogo y la negociación se darán bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Sin embargo, las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que el o los temas sobre los que versen han sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente, necesaria o, al menos, verificable antes de que concluya el proceso de construcción de compromisos.

Son siete los puntos sobre los que las partes pactaron buscar acuerdos: derechos políticos para todos; garantías electorales para todos y un cronograma electoral para las próximas elecciones; levantamiento de sanciones; respeto al estado de derecho y a la Constitución; convivencia política y social con renuncia a la violencia y reparación a las víctimas de ésta.

Además, protección a la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano; y garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.

El diálogo parte de una serie de principios concertados por el gobierno de Maduro y los opositores, como el respeto a la Constitución venezolana, la necesidad de poner el bienestar del pueblo de ese país en el centro de la negociación, el fortalecimiento de la democracia y el rechazo de cualquier forma de violencia.