Viernes 13 de agosto de 2021, p. 28
Por unanimidad, el pleno del Congreso capitalino aprobó la relección de Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México para el periodo 2021-2025.
Tras rendir protesta al cargo para un segundo periodo, que inicia el próximo 7 de noviembre, la comisionada dijo que su relección permitirá fortalecer los cambios realizados en tres líneas de acción: proximidad, mediación y justicia restaurativa, y promover y atender las agendas derivadas de la emergencia sanitaria por Covid-19.
El dictamen se aprobó con el voto a favor de los 53 legisladores presentes en el pleno, quienes reconocieron su desempeño y el de su equipo de trabajo en la defensa de los derechos humanos de los capitalinos y la emplazaron a preservar la autonomía y la vinculación con la sociedad que ha mantenido durante los casi cuatro años que lleva al frente del organismo.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, Temístocles Villanueva Ramos, de Morena, resaltó al presentar el dictamen al pleno que la resolución destaca por su consenso, así como un proceso de participación ciudadana que la legitima al recibir 358 cartas a favor de la relección y sólo cinco en contra.
Ramírez Hernández refirió que de 2018 al primer semestre de este año se han brindado 122 mil 311 servicios, que derivaron en 39 mil 192 expedientes de queja atendidos en el área de Defensa; se logró abatir el rezago en el organismo y se han emitido 85 recomendaciones, cinco informes especiales, una propuesta general, otros informes y un informe especial sobre mujeres, que implican mil 402 personas agraviadas en sus derechos.
Agregó que en los próximos años se consolidará, además, la accesibilidad y la disciplina administrativa y financiera, se fortalecerá la instauración institucional del modelo de gestión, defensa, garantía y promoción, y se reforzará el liderazgo desarrollado en el sistema no jurisdiccional.
Hoy, dijo, se requiere visibilizar, promover e incidir en la atención y garantía de los derechos a la ciudad, a la movilidad, a la salud mental, a un sistema de cuidados y al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros.