scribo este texto desde mi posición de ciudadano, sin comprometer la opinión de la institución que encabezo y mucho menos del gobierno de México. Dicho lo anterior, quiero comenzar por decir que no comparto las expresiones que han criticado los resultados de la consulta popular del pasado 1º de agosto, sin reconocer el impacto de este tipo de ejercicios de participación ciudadana en la consolidación de nuestra democracia, y que desvían la opinión pública con un cuestionamiento falaz: ¿quién perdió o ganó en la consulta?

Lo cierto es que el número de votos por el sí a la pregunta ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, fue de 6 millones 511 mil 385 votos, lo que representa 97.72 por ciento del total de opiniones emitidas. El número no es menor. De hecho, a pesar del boicot de partidos y algunas organizaciones, es superior al número de votos que en la elección constitucional tuvieron partidos como el PRD, el PVEM, el PT y MC, y de los tres partidos que perdieron el registro.2 Este número representa 60 por ciento de los votos del PRI y es casi el padrón electoral de la Ciudad de México, segundo más importante del país. Es un hecho que no se puede soslayar ni minimizar.

En los sistemas democráticos actuales, predomina el sistema político representativo, el cual no ha estado exento de limitaciones para vincular las demandas sociales con las decisiones de quienes ocupan un cargo público y para el cual fueron elegidos, más aún cuando en el caso de México, sobran los ejemplos de corrupción política y el desvío de recursos públicos para beneficio personal, recrudeciendo las condiciones de vida de los sectores de la población más vulnerable. El derecho de participar en la orientación de los asuntos públicos directamente es un derecho político, es un derecho humano, a la par de elegir a nuestros representantes de manera libre. Y pueden y deben coexistir. Si realmente, somos demócratas, la democracia directa complementa la democracia representativa.

En este sentido, la ciudadanía tiene la libertad y la responsabilidad de participar en las decisiones que les afectan. Ello significa que en un régimen democrático la ciudadanía debe tener un papel preponderante en la toma de decisiones y de interés nacional. La consulta popular fue y es un mecanismo para lograrlo, y como el derecho humano que es, el Estado debe promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo. En nuestros días esta manifestación de participación política se practica en países tan diversos como Suiza, España, Reinio Unido, Alemania, Estados Unidos, Colombia y Uruguay, que además incluyen otras figuras de democracia directa, como iniciativa popular, revocación de mandato (regresaré a este tema en próximo artículo), plebiscitos y referendos.

La consulta popular no es desconocida en nuestro país. La Ciudad de México se ha valido de este mecanismo en varias ocasiones. Si bien con escasa participación, los resultados de dichas consultas son reflejo de la percepción de la ciudadanía respecto de problemáticas específicas y de cómo es tomada en cuenta para resolverlas. En los resultados de la consulta popular del domingo 1º, considero que incidieron dos factores. Primero, que no hay una cultura hacia la participación en estos mecanismos democráticos, producto de la toma de decisiones vertical del sistema autoritario en el que vivió el país durante décadas, y lo demuestran los antecedentes en la capital del país. Por citar algunos ejemplos, la consulta del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa en 2015 tuvo un índice de participación de 4.81 por ciento; la consulta de Presupuesto Participativo en 2019 (3.26 por ciento); en la consulta de Presupuesto Participativo en 2020-21, se registró un incremento para llegar a 5.3 por ciento de la lista nominal de la Ciudad de México.3 Segundo, la separación de la elección constitucional de la consulta ciudadana genera costos económicos y desincentiva la participación de la población. Aquí, la oposición tendrá que asumir la responsabilidad de esa decisión que propuso, por temor al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la consulta popular no fuera el día de la elección.

Tomando en cuenta lo anterior, haría dos propuestas al respecto. Uno, empatar las consultas populares con el día de las elecciones constitucionales. Por otra parte, las condiciones para que la ciudadanía se exprese deben estar garantizadas a través de un marco normativo e institucional adecuado. Así, utilizar mecanismos alternativos de participación, como los medios electrónicos, no sólo pueden abaratar costos, sino que facilitan el acceso a la política a todos. En este sentido, sigo sin entender cómo la mayoría del Consejo General de INE mantiene su posición de no utilizar medios electrónicos que permitirían reducir los costos de la elección y, por el contrario, prefiere mantener mecanismos tradicionales más caros y que datan de hace 30 años. ¿En serio no ha avanzado la tecnología de 1991 a la fecha? ¿O existen negocios de por medio que sostienen ese statu quo?

Dos, plantearía una reforma a la Ley Federal de Consulta Popular para ampliar los plazos de difusión y que se permita a los partidos políticos, sociedad civil, entre otros actores, hacer propaganda de la misma. Cuando se trate de una consulta que verse sobre una actividad gubernamental, permitir que el gobierno de México pueda hacer difusión de su punto de vista en el marco de una sana competencia. Lo más importante es dar a la población la información necesaria para tomar una decisión a través de los medios técnicos a su alcance. Creo que ese es el mandato convencional que existe para que las consultas en distintas materias sean informadas.

La instalación de 99 por ciento de las casillas y el conteo rápido es un resultado loable. Lo reprochable es que faltó voluntad política para instalar más mesas receptoras de votos (o se mantendrá este número para la revocación o ratificación de mandato) y permitir la participación ciudadana a través de otros medios más accesibles y, en medio de la pandemia, más seguros.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar, tal como lo he expresado en otros medios, muchos de los presuntos delitos que pudieron haber cometido los ex presidentes se encuentran prescritos. Otros, sin embargo, se encuentran vigentes. Respecto a estos últimos, se debe aplicar la ley con rigor. Ahora bien, entorno a los primeros, una comisión de la verdad buscaría esclarecer los hechos del pasado, no sólo como un derecho a conocer la verdad, sino como un mecanismo democrático de transparencia y rendición de cuentas. Pensar por ejemplo, en la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Debemos ser firmes en esto y continuar construyendo un estado constitucional de derecho para los ofendios de estos delitos en materia de corrupción, dado que el Poder Judicial de la Federación ha reconocido que todos y todas tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de corrupción. Usted pregúntese, ¿quién ganó la consulta?

1 Titular de la Unidad de Inteligencia ­Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

2 Véase en: https://cutt.ly/uQUZLG6

3 Consultas ciudadanas en la Ciudad de México. Véase en: https://cutt.ly/cQUZHHu