El protocolo nacional de atención integral de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio se puso en marcha ante la ausencia de un registro de quienes se encuentran en esa situación, de la falta de seguimiento y atención específica.

Ahora, con este instrumento se atenderá en forma integral desde el primer momento a esta población, con la participación de las fiscalías generales de justicia, comisiones de derechos humanos y otras dependencias.

Se busca que los niños que perdieron a su madre no pierdan su vida, garantizarles que sus sueños se puedan convertir en una realidad, sostuvo Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). En principio serán incorporados a las becas Benito Juárez.

Precisó que cada día en el país hay 10 muertes violentas de mujeres, dos ocurren dentro del hogar, muchas veces en presencia de los hijos; se suma una cadena de tragedias. Con el protocolo se pretende evitar la revictimización y dar atención integral mediante la coordinación de instituciones federales y estatales, de las fiscalías, así como de las procuradurías estatales.

Durante la presentación virtual, Alanís Sámano refirió que el protocolo se estableció a partir de la escucha de relatos de víctimas y de servidores públicos que desconocían las obligaciones que tenían en la materia. A los huérfanos se les debe atender desde el primer contacto hasta la judicialización del caso, explicó.

Familia ampliada

Óliver Castañeda, titular de la Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, detalló que con esa norma se plantean orientar al personal sustantivo encargado de la protección de esta población infantil y adolescente con acciones que van desde la prestación de servicios, la definición de los términos para la emisión de medidas especiales, información y coordinación entre autoridades, esclarecer los mecanismos de integración a una familia ampliada o de acogida, acompañamiento sicológico, seguimiento a los casos y asesoría legal.

Por su parte, Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), lamentó la ausencia de un registro de esta población en las fiscalías. Se busca proteger los derechos de estos menores con la prestación de servicios diferenciales y especializados, ayuda inmediata, asistencia y reparación del daño, el objetivo es garantizar su bienestar, así como crear condiciones para que vivan seguras y en paz.