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Demandan justicia para joven violado y asesinado en Mérida

Por definir, la situación jurídica de policías implicados

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▲ Alrededor de 50 personas se manifestaron ayer fuera del palacio de gobierno y de la seden del ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para exigir que se haga justicia en el caso de José Eduardo R., presuntamente violado y asesinado por policías municipales.Foto Luis Boffil
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 9 de agosto de 2021, p. 29

Mérida, Yuc., Decenas de personas, jóvenes en su mayoría, se manifestaron a las afueras de los palacios de gobierno y municipal en el centro de la capital yucateca para exigir justicia por el homicidio de un joven, presuntamente a manos de policías municipales.

Fue la tarde de este domingo cuando un grupo de personas se presentó en ambos edificios, realizó pintas y exigió justicia por la muerte de José Eduardo R. E., quien en busca de trabajo había llegado a Mérida procedente de Veracruz.

Por minutos la situación se puso tensa, ya que algunos de los manifestantes arrojaron conos viales y otros objetos contra las puertas de la alcaldía, aunque los policías se mantuvieron a la expectativa.

Todo comenzó el pasado 21 de julio, cuando agentes de la policía de Mérida detuvieron a José Eduardo, de 23 años de edad, por sospechoso en las inmediaciones del parque de San Juan de Mérida. De acuerdo con la madre del fallecido, el joven fue trasladado a la cárcel municipal, donde los oficiales abusaron sexualmente de él y lo golpearon.

Un día después, el afectado llamó a su madre para informarle que había sido atacado por policías. Una vez en Mérida, la madre llevó a su hijo a interponer la denuncia y tras los estudios médicos efectuados después de la querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE), le informaron que el joven tenía severas lesiones. Lo trasladaron al hospital Agustín O’Horan, donde falleció el martes 3 de agosto.

El sábado fueron detenidos cuatro policías municipales, a quienes se identificó únicamente por las siglas JEHH, EMRL, AGGM y RGBR.

Los acusados fueron vinculados a proceso por homicidio calificado en pandilla, violación y tortura agravada, y permanecen en prisión preventiva y la próxima semana se definirá su situación jurídica.