l presunto nuevo presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, tiene un historial político relacionado con la derecha, específicamente con los ámbitos de Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Rodríguez Mondragón anota en su currículum que fue asesor en la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor en la Secretaría de Gobernación de enero a diciembre de 2000 (https://bit.ly/3xpCMqE). Cabe decir que el titular de esa Oficialía Mayor, en los primeros tres meses del gobierno de Vicente Fox, fue Gilberto Lozano, ahora furibundo dirigente del Frente Nacional Anti-AMLO. También fungió como asesor de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE de enero de 2006 a marzo de 2007, con Luis Carlos Ugalde (llamado en esta columna Uh, Fraude) como consejero presidente de ese instituto. Y ocupó diversos cargos conforme Roberto Gil Zwarth pasaba de una subsecretaría de Gobernación a la secretaría particular de Felipe Calderón en Los Pinos, o luego en el Senado con el mismo Gil Zwarth.

El 5 de octubre de 2020, a las 2:22 horas, en la cuenta de Twitter del ahora presunto nuevo presidente del TEPJF ( @ReyesRdzM) apareció este texto: Ojalá ya se muera ese viejo culero de palacio nacional. La reacción en redes a ese mensaje se nucleó en torno a la etiqueta #Renuncia ReyesRodríguez. En lo inmediato, desapareció la cuenta en mención y el magistrado electoral alegó que él no había escrito esas diez palabras, sino que había sufrido un hackeo.

Por su parte, la magistrada que ayer se hizo del control de la sala superior de ese tribunal, para dar paso a Rodríguez Mondragón, es Janine Otálora Malassis, quien a su vez había sido depuesta de la presidencia del TEPJF en enero de 2019 (oficialmente, renunció para dar paso a una transición), acusada de favorecer a Martha Érika Alonso, la panista a la que en medio de acusaciones de fraude electoral se dio por ganadora de la elección para gobernar Puebla (el voto decisivo fue de Otálora).

José Luis Vargas Valdez (ahora aparentemente destituido) encabezó la acometida contra Otálora, bajo acusaciones de irregularidades para favorecer a la panista que murió junto con su esposo, Rafael Moreno Valle, el 24 de diciembre de 2018. En lugar de Janine quedó Felipe Alfredo Fuentes Barrera en enero de 2019, para ceder el cargo a Vargas Valdez en noviembre de 2020.

Los golpes y contragolpes en la cúpula de ese tribunal, que tiene la última palabra en todo litigio sobre partidos, campañas y comicios en que tenga jurisdicción, exhiben la carga de intereses grupales y la descomposición general de ese poder electoral, en el que se incluye, con sus propias variantes y expresiones, al Instituto Nacional Electoral.

Pero, en esta ocasión, el jaleo de los siete magistrados integrantes de la sala superior (también hay salas regionales) del TEPJF tiene como contexto obligado el forcejeo del consorcio empresarial, mediático y partidista (PAN, PRI y PRD, en este rubro) en busca de deponer a Andrés Manuel López Obrador por la vía de un ejercicio revocatorio o confirmatorio del mandato presidencial.

No es defendible el magistrado cuya presidencia está en entredicho, Vargas Valdez, señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de haber recibido y utilizado recursos por decenas de millones de pesos arriba de sus ingresos oficiales (el principal diario empresarial antiobradorista ha sostenido una campaña contra él, llamándolo Magistrado Billetes). Pero tampoco lo son Otálora Malassis ni Rodríguez Mondragón. En general, los siete magistrados de esa sala superior merecerían ser depuestos e incluso investigados. No habrá verdadero avance democrático mientras el poder electoral siga en manos de camarillas.

¡Hasta mañana, con los fabricantes estadunidenses de armamento revirando duro a la demanda anunciada por el canciller Ebrard!

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