El plazo de un mes adicional que el Congreso otorgó a los empresarios para que cumplan con las nuevas normas en materia de outsourcing es más que suficiente, sostuvo en entrevista el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, quien recalcó que era un exceso que la prórroga se ampliara hasta el primero de enero, como pretendían algunos organismos patronales, apoyados por los legisladores del PAN.

El presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado y dirigente nacional del Sindicato Minero lamentó que legisladores panistas acudieran un día antes, durante la discusión de esa reforma en ambas cámaras del Congreso, a “tanto cinismo y mentiras, al asegurar que se perderán más de 3 millones de empleos si la prórroga para la regulación de las empresas que practican la subcontratación ilegal, no se ampliaba hasta enero de 2022.

En realidad, la pretensión de algunos empresarios era continuar con el esquema abusivo que han empleado desde 2012, para no pagar aguinaldo y otras prestaciones a su personal, despedirlos en diciembre y recontratarlos en enero, como han hecho siempre. Sabían, agregó, que la reforma iba a acabar con la simulación y tuvieron tres meses de plazo –a partir de abril pasado en que el presidente López Obrador promulgó la nueva regulación sobre outsourcing– para cumplir, pero algunos nunca quisieron hacerlo.

Expuso que una parte de las empresas ya comenzaron su regularización y puso como ejemplo el gremio minero, que él representa. Las que tenían a sus trabajadores en esquemas de subcontratación los dieron de baja, los pasaron a la nómina principal y los inscribieron en el IMSS y el Infonavit, además de que firmaron contratos colectivos con el Sindicato Minero, que verdaderamente los va a proteger.

Rechazó, por ello, las afirmaciones que el pasado viernes, durante la discusión de la minuta en el Senado, formularon legisladoras panistas respecto de que es prácticamente imposible para las empresas cumplir con las nuevas disposiciones. Fue sólo un chantaje, una presión, tuvieron 90 días y con el plazo adicional son 120.

El senador Gómez Urrutia hizo notar que el problema principal es que muchos patrones ni siquiera tenían registrados en el IMSS a sus trabajadores, ya que acudían a empresas fantasmas y factureras, que daban domicilios falsos y podían tener a su personal casi como esclavos, con ingresos ínfimos, sin prestaciones. Además, agregó, evadían al fisco con cerca de 500 mil millones de pesos al año.

Por algo, resaltó, el principal empresario del outsourcing, Raúl Beyruti, está prófugo, ya que huyó para no enfrentar a la justicia. A ese tipo de patrones, “que estaban cómodamente instalados en los beneficios que les regaló el ex presidente Felipe Calderón –quien envió una modificación a la Ley Federal del Trabajo que permitió la subcontratación total, no sólo para trabajos especializados– es a los que defendieron los panistas los últimos días”.

Expuso que está muy orgulloso de la reforma que promovió para regular el outsourcing, ya que fueron casi dos años de una resistencia feroz del alto empresariado, pero que, finalmente, con la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador –quien presentó una nueva iniciativa– se pudo aprobar.

Ahora, en el Congreso les ampliamos el plazo para que cumplan con esa ley, respeten los derechos de los trabajadores y dejen de evadir al fisco y de defraudar al IMSS y al Infonavit.