Fueron admitidas a trámite la acción de inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo federal y la controversia constitucional del Senado promovidas contra el blindaje legal que impide el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, los ministros decidieron negar la suspensión de las reformas a la Constitución y a la Ley de Servidores Públicos de Tamaulipas que habían solicitado los legisladores.

En ambos juicios constitucionales se impugnan los cambios que la legislatura estatal saliente, de mayoría panista, aprobó el 24 de junio pasado para evitar que los nuevos integrantes del Congreso, que serán en su mayoría de Morena, puedan autorizar el desafuero del mandatario local.

Las reformas establecen que en todos aquellos casos en los que el Congreso del estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable.

La acción y la controversia reclaman que no hay ninguna base en la Constitución federal que permita a los legisladores estatales aprobar normas inamovibles, que no puedan ser modificadas democráticamente por la siguiente legislatura.

Ambos juicios constitucionales fueron admitidos a trámite por la comisión de receso de la SCJN, la acción de inconstitucionalidad con el número 112/202 y la controversia bajo el expediente 95/2021.

En conferencia, la senadora de Morena Guadalupe Covarrubias Cervantes informó que el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, ha entendido la compleja circunstancia de Tamaulipas y la necesidad de respetar la decisión que tomó el pueblo en las urnas durante el anterior proceso electoral.

Subrayó que, con la aceptación de la controversia constitucional y con la resolución favorable de la SCJN se logrará el respeto a la decisión que tomó el pueblo tamaulipeco en las urnas el pasado 6 de junio y se respetará el pacto federal, además de la decisión de la Cámara de Diputados, donde se le retiró la inmunidad al gobernador.

La legisladora calificó a la ley que protege al actual mandatario estatal de un intento para detener la justicia, la democracia y la transformación de la vida pública.