Los servidores de la nación, encargados de ayudar a la población más vulnerable a acceder a programas para superar sus condiciones de pobreza, tienen contratos eventuales de tres meses que les impiden generar antigüedad, además de laborar siete días a la semana, con jornadas que pueden superar 12 horas, por un sueldo mensual que no rebasa 10 mil pesos.

Luego de que el pasado viernes un grupo de dichos trabajadores realizara una manifestación en el Zócalo capitalino y Palacio Nacional para denunciar los abusos de los que son víctimas, nuevas voces se acercaron a este diario para confirmar la existencia de despidos injustificados y presuntos actos de corrupción en diversas delegaciones estatales.

Lily Trejo, ex trabajadora de los servidores, señaló en entrevista con La Jornada que ella y su hijo Giovanni Ulises Ríos sufrieron diversos actos de violencia y hostigamiento laboral por parte de la responsable regional en Iztacalco de dicho esquema de la Secretaría de Bienestar, Zaira Ulloa, quien los cesó a ambos sin exponer ningún argumento.

Hace poco menos de un mes, señaló, la mencionada funcionaria le indicó que sus servicios ya no serían requeridos, pero sin explicarle la razón de ello y negándose a entregarle por escrito la notificación al respecto.

Trejo afirmó haber sufrido acoso laboral por parte de Ulloa mediante actos como impedirle ir a comer, mantenerla en su puesto hasta altas horas de la noche y darle aún más trabajo para realizar en casa, lo que le produjo daños físicos y sicológicos, como agotamiento y estrés.

Además de lo anterior, señaló la mujer, a los servidores se les entregan contratos laborales de sólo tres meses –que firman una vez concluido el trimestre, y no al inicio del mismo, lo que permite su despido en cualquier momento– y se les obliga a trabajar de lunes a domingo, en un horario que va de las 5:30 de la mañana y puede extenderse hasta altas horas de la noche, con un sueldo de 4 mil 800 pesos quincenales.

Caso en Chiapas

Por su parte, Elsy Cadena Balboa, ex colaboradora de los servidores de la nación en el municipio de Pichucalco, Chiapas, indicó que fue despedida de forma injustificada en abril pasado por negarse a atender la petición de sus coordinadores de inducir el voto a favor de Morena en las elecciones del pasado 6 de junio.

“Me dijeron ‘apoya a tal candidata de Morena para que llegue a la presidencia municipal’. Era una manera de coaccionar a la gente diciéndole ‘te doy este programa, pero apoya a tal persona’, y me despidieron porque no hice lo que ellos querían”, aseveró.

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