Familiares de personas con cáncer afirmaron que el desabasto de medicamentos oncológicos en México representa una tragedia humanitaria, al estimar que ha provocado el fallecimiento de unos mil 600 niños por dicha enfermedad, según sus propios cálculos, y anunciaron que acudirán a la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos para denunciar esta problemática.

Ayer, poco después de las 11 de la mañana, unas 2 mil personas –según cálculos de la Secretaría de Gobierno capitalina– se congregaron en el Ángel de la Independencia para marchar al Hemiciclo a Juárez. Durante la movilización, y en el contexto de diversas entrevistas, rechazaron las afirmaciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, en el sentido de que el gobierno federal ya consiguió los medicamentos faltantes para atender a niños con cáncer.

Los participantes en la caminata salieron en medio de consignas como ¡Quimios sí, consultas no! (en alusión a la consulta popular sobre el desempeño de ex presidentes) y Es un derecho, la salud es un derecho.

Además de familiares de pacientes oncológicos, a la caminata acudieron las alcaldesas electas de Cuauhtémoc y Tlalpan, Sandra Cuevas y Alfa González (ambas de la coalición PRI-PAN-PRD), quienes estaban rodeadas de personas que parecían ser de su equipo de seguridad o simpatizantes.

En el mitin al finalizar la marcha denunciaron que, pese a los dichos de las autoridades sanitarias sobre los medicamentos contra el cáncer, el desabasto continúa, por lo que muchos pacientes no pueden completar sus tratamientos. Israel Rivas, padre de Dana, niña sobreviviente de cáncer, denunció que ayer se cumplieron mil días de esta tragedia humanitaria que ha costado la vida a mil 600 niños enfermos de cáncer que murieron debido a la falta de medicinas.

La abogada Andrea Rocha, quien representa a varias familias de menores con cáncer, anunció que exigirán que el gobierno federal muestre públicamente los contratos de compra de los medicamentos oncológicos que supuestamente ha adquirido, e indicó que si en México no hay respuestas, acudirán ante la CPI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el desabasto.

El gobierno local reportó saldo blanco al final de la movilización.

(Con información de Elba Mónica Bravo)