Un colectivo de bolivianos, familiares de cerca de 60 personas asesinadas por militares en 2003 durante el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada, llevaron a juicio al ex presidente y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, ante un tribunal estadunidense, que los declaró culpables en 2018. El caso de la masacre conocida como Octubre Negro sienta precedente para que la ex presidenta golpista Jeanine Áñez sea juzgada por terrorismo de Estado por las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.

El actual canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, fue abogado y asesor del Comité de Familiares Caídos en la Guerra del Gas, como se conoce al grupo demandante, desde que iniciaron la batalla por la justicia. Y aunque en el tribunal de Fort Lauderdale se dictó en 2018 una sentencia condenatoria contra los dos acusados, queda pendiente el mayor anhelo de todos: que sean extraditados. Esta –explica Mayta en entrevista con La Jornada– es una esperanza, pero es aún incierta. Depende de los jueces de Estados Unidos.

Por lo pronto, ese antecedente, que en su momento culminante permitió a los familiares de los asesinados enfrentar cara a cara a los victimarios y decirles todo lo que tenían adentro, significó para Bolivia una gran historia de dignidad. En nuestro país las masacres han sido comunes, desde el gobierno y desde quienes tienen el poder económico. Y nunca había justicia. Con ese proceso se logró voltear la tortilla. Y lo logró gente sencilla, trabajadora.

–¿Puede incidir este juicio en el caso de la ex presidenta golpista Jeanine Áñez?

–Claro que este juicio al Goni (como se conoce popularmente al ex presidente de 91 años, radicado en Estados Unidos) va a incidir en que se haga justicia por las masacres de Sacaba y Senkata en términos legales. Estos hechos (en noviembre de 2019 una treintena de personas fueron abatidas por el ejército al intentar contener la insurrección por el derrocamiento del ex presidente Evo Morales) ocurrieron en los mismos términos de responsabilidad jurídica que en octubre de 2003.

Mayta, también de origen aymara como la mayoría de las víctimas, sostiene que el fallo del tribunal estadunidense que dictaminó la responsabilidad de Sánchez de Lozada es un precedente que necesariamente se tiene que considerar porque hay muchísimas similitudes.

Una de ellas es que la demanda colectiva de 2003 fue una experiencia social que pesa en este nuevo caso porque está en la memoria histórica de los bolivianos. Como en la década anterior, las víctimas se organizaron en una asociación. “La forma es colectiva, en comunidad. Las víctimas van avanzando y decantando las posibilidades que tienen.

Hay un paralelo. El gobierno de Sánchez de Lozada desplegó terrorismo de Estado para quedarse en el gobierno. Áñez ejerció el terrorismo de Estado para consolidarse en el gobierno. Y hay un parangón. En ambos casos los militares exigieron órdenes escritas desde el gobierno mediante decreto supremo.

Decretos supremos

Sánchez de Lozada emitió un decreto supremo, que es una máxima orden del Poder Ejecutivo. En 2019 Áñez también emitió un decreto supremo, pero fue más lejos: dispuso de antemano la exoneración de los militares por su participación en contra de la sociedad.

“No son operaciones de exterminio, sino acciones de terror para el escarmiento. En 2003 al Goni no le sale la jugada porque genera más indignación. Pero en 2019 sí le sirve a Áñez porque previamente habían construido un clima en el que había mucha polarización en la sociedad por cuestiones políticas y un cerco mediático más efectivo.

Al margen de algunas diferencias, la estrategia de terrorismo de Estado es la misma: legitimación aparente del uso de la fuerza mediante esos decretos supremos que en el fondo lo que hacen es mandar matar.

–¿Se juzga a Jeanine Áñez por esas masacres?

–Está siendo procesada por romper el orden constitucional y tiene cargos por eso. Por la masacre como tal todavía no tiene un cargo.

–¿Por qué? ¿Se le demandará por esto en un futuro?

–Al momento del golpe había mucha polarización. Entonces, en el caso de las masacres se optó que fuera una instancia neutral, un GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos similar al de Ayotzinapa. Eso serviría de base para los procesos que pudieran encausarse más adelante por los hechos de la masacre.

Mayta, quien viajó a México para asistir a la 21 Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (lo que marca el retorno de Bolivia a este foro regional que incluye a Cuba, pero no a Estados Unidos ni Canadá, luego de que el régimen anterior, al igual que Brasil, se autoexcluyera), era un joven abogado cuando ocurrió la matanza de Octubre Negro.

–Esa masacre fue un golpe muy fuerte a la conciencia de los bolivianos. Salimos decenas de miles a protestar, de todos los estratos sociales. (A raíz de esta movilización el presidente y su ministro renunciaron y huyeron a Estados Unidos). Después de la caída del Goni era lógico que la gente se pusiera a pensar para hacer justicia.

–¿Cómo fue el proceso para las víctimas?

–Fue un reto enorme. Enfrentaban al hombre más rico de Bolivia y en Estados Unidos. No tenían los recursos económicos, era otra cultura, tenían temor de que los gringos les fueran a tomar el pelo, pero ellos siempre estuvieron seguros de su verdad.

“En Estados Unidos se estructuró toda una organización de defensa con la clínica de Derechos Humanos de Harvard. Luego Stanford. Un gran consorcio de abogacía, Akin Gump, ayudó con recursos y para que los defensores trabajaran pro bono.

“El momento culminante fue la audiencia de 2018. Fue increíble ver cómo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa tuvieron que formarse en la fila para entrar al tribunal, lo mismo que todos los demás, sus acusadores. Y ya adentro, en la sala, cada una de las víctimas pudo hablar y decirle en su cara lo que traían adentro. Sí, nos tomó 11 años para llegar a ese momento muy significativo.

Ahora no se pierde la esperanza de que en Estados Unidos en su sistema de justicia suceda algo que permita viabilizar la extradición.