Con el voto de todos los grupos legislativos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para sancionar con hasta seis años de prisión y multas por más de 89 mil pesos la difusión de imágenes, videos o audios de contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento y aceptó los cambios del Senado para tipificar como delito la violencia digital.

Aunque los legisladores reconocieron que la modificación al Código Penal y a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia podía mejorarse, ayer se optó por mantener el texto que enviaron los senadores, para no tener que devolver el proyecto. Así, la reforma conocida como ley Olimpia, se aprobó con 434 votos y se envió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega (PAN), indicó que se deja el compromiso de la cámara de impulsar cambios a la brevedad; no obstante, es fundamental que ya no se detenga el proceso legislativo y con la aprobación de este dictamen, se incorpore al marco jurídico. Expresó que, aun cuando ya hay 25 estados donde se tiene reconocida la figura de violencia digital y mediática, es relevante porque aún se argumenta que las agresiones en el mundo digital no son susceptibles de considerarse como violencia real.

Sol Merino (PRI) indicó que Internet es una herramienta que construye cuando se usa correctamente, pero acotó que la violencia de género se construye en la vida física y se refleja en la red aun con más violencia. Consideró que no es suficiente encarcelar a quienes cometen esos delitos, porque también se requiere atención sicológica a las víctimas que, de no tener esa atención se puede llegar al extremo de atentar contra su vida.

Ejemplificó que en Baja California hay 132 mercados de explotación virtual y la fiscalía del estado tiene congelados casi 190 casos, porque no hay apoyo para la ruta de aplicación de la ley Olimpia, aprobada en 2020, y no se ha logrado desarrollar el perfil sicológico de las víctimas, por falta de capacitación, socialización y sensibilización de quienes son el primer contacto con la ciudadanía, lo cual las coloca en riesgo de revictimización.

La diputada Rocío Villarauz (Morena) abundó que la reforma busca sancionar la violencia digital como toda acción dolosa para exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofrecer, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo de una persona, sin su consentimiento.

También se considerará violencia mediática a todo acto a través de cualquier medio que, de manera directa o indirecta, promueva estereotipos sexistas o que hagan apología de violencia, o produzca o difunda un discurso sexista.