Regionalización de la ordenación pesquera en Brasil: un camino sin retorno
La forma en que se organiza la pesca en Brasil atraviesa un inmenso vacío de toma de decisiones que ha dañado seriamente al sector pesquero. La falta de protagonismo federal, el exceso de centralización en la toma de decisiones, la dificultad de delegar el poder y atribución a las entidades federativas, el embargo de medidas y dispositivos legales que llevan años en los cajones de la burocracia, generan fuertes conflictos por el maltrecho sistema de gestión pesquera en el país.
Un abanico de dimensiones sociales, económicas y ambientales, además de la multiculturalidad característica de la pesca artesanal, no han sido suficientes para acoger mejores formas de gestión que consideren los derechos territoriales de tenencia a pueblos y comunidades tradicionales. Aunque existe un ejemplo de que esto es posible, se trata de la comunidad pesquera de Itapissuma, estado de Pernambuco, que cuenta con el Termo de Autorización de Uso Sostenible - TAUS, para dirigir el uso y mejoramiento de los bienes de la Unión en favor de las comunidades tradicionales. Las lecciones aprendidas aquí son parte de los ajustes necesarios en las políticas públicas para la formación social y económica del territorio, y que deben ser aplicados al país.
La judicialización innecesaria de la pesca
La disputa legal sobre la zona de exclusión de la pesca de arrastre en el sur de Brasil adquirió una dimensión técnica que la llevó a la Suprema Corte. Mientras la ley federal permite el arrastre más allá de las 3 millas náuticas (mn) de la costa, el estado de Rio Grande do Sul señala que debe ser más allá de las 12 mn. Con esto queda claro que los objetivos de las políticas pesqueras del estado difieren en escala, tecnología, manejo y estrategias de pesca de las federales.
En Brasil no hay esquemas de regionalización territorial, excepto en unidades de conservación natural como las reservas extractivas (RESEX), aunque el manejo pesquero es una competencia conjunta entre el gobierno federal y los estados y municipios. Esto permite que los estados y municipios puedan ser más restrictivos o legislar en ausencia de un instrumento federal específico. Cabe señalar que la gestión pesquera en las unidades de conservación debe ser aplicada a través de un órgano colegiado que incide en la toma de decisiones con sus propias reglas de gobernanza.
Un intento de regionalización a través de entendimientos y acuerdos sectoriales de pesca en la costa de São Paulo fue el propuesto por 13 organizaciones pesqueras, con la asistencia del Instituto MARAMAR, para la regulación de una importante red de enmalle de pesca de superficie. Esta propuesta tuvo el apoyo desde el nivel federal, pero no del gobierno de São Paulo, que juzgó el tema de manera negligente y utilizó normas anacrónicas, dejando en evidencia que no se trabaja de forma consensual y local, por falta de consejos de gestión.
Con la reactivación, en el 2019, de varios comités de gestión pesquera, hoy en Brasil la gestión de los recursos naturales comunes se realiza a la fuerza y en los tribunales. Perdiéndose procedimientos para la construcción conjunta y consensual. Es imperativo proteger las decisiones locales como una cuestión prioritaria, establecerse un diálogo formal, con medidas de carácter técnico y la adopción de instrumentos de gestión participativa.
Hora de hacer la tarea
Esta disputa legal en las aguas del sur de Brasil no sería necesaria si la Secretaría de Pesca y Acuicultura hiciera sus deberes y evaluara sus posiciones políticas para desentrañar medidas que beneficiaran la gestión en los territorios pesqueros. Se cuestiona hasta qué punto la Secretaría promueve la organización y desarrollo de la actividad de manera sostenible para asegurar su regulación y si respeta la peculiaridad pesquera subnacional, buscando impulsarla en el campo de la ciencia y la tecnología. Es deber de la sociedad ver las brechas y analizar intencionalmente el cumplimiento de las competencias establecidas.
La reanudación de los diálogos y la definición de las reglas de uso pueden ocurrir si se instrumentan a favor de la creación de los Comités Permanentes de Manejo Pesquero, instrumentalizados como órganos democráticos y colegiados de mayor transparencia. El país ya cuenta con muchos órganos colegiados para el manejo pesquero en los estados, unidades de conservación, cuencas hidrográficas, zonificación económica ecológica, y para el uso del frente marítimo en los municipios.
Pacificar los conflictos de gestión
Mediante un proceso de gestión conjunta de base territorial y subnacional de los recursos pesqueros, con la aplicación de prácticas de planificación y regulación, puede asegurase la sostenibilidad de su uso. Y ahí es donde debe entrar el gobierno, en la toma de decisiones de los dispositivos e instrumentos legales que pueden y deben ayudar al diálogo entre los gobiernos locales y el federal para la gobernanza de los recursos pesqueros, ya sea en territorios marítimos o en aguas continentales.
Al tomar una posición muy particular y segmentada, con parcialidad en esta batalla judicial en las aguas del sur de Brasil, el gobierno abre la guardia para recibir críticas por trato no isonómico entre los Estados, que merecen que sus sistemas de ordenación pesquera sean reconocidos y regulados. Es imperativo, por lo tanto, gestionar para armonizar el mejor uso de los recursos pesqueros del país a través del diálogo entre los actores involucrados. •
