La nueva ley general de educación superior reconoce la complejidad actual que tiene este nivel educativo, avanza en la gratuidad y la obligatoriedad del Estado para brindarlo, pero es una apuesta de largo plazo, señalaron especialistas.

Adrián Acosta Silva, investigador en el Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de la Universidad de Guadalajara, expuso que los legisladores no precisaron el monto para el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior, que se establece en la ley, por lo que hay incertidumbre sobre cómo se van a tener los recursos para lograr los objetivos. Lo dejaron para 2022 y, entonces, suponen que habrá un proceso todo este año de discusión para ver cómo se va a fondear esta intención de tener recursos suficientes para la ampliación de la matrícula.

Acosta Silva destacó que en la ley –aprobada el 9 de marzo pasado en la Cámara de Diputados– se contempla la formulación de un programa sectorial de educación superior y la configuración del Consejo Nacional de Coordinación para regular y gobernar el sistema.

Carlos Ornelas Navarro, académico de educación y comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, destacó que la obligatoriedad y la cobertura plena en el nivel superior es un sueño a largo plazo que la educación básica no ha cumplido.