Madrid. En una medida inédita en 40 años de democracia, y que se podría convertir en un programa piloto para el resto del país, el gobierno autonómico de las Islas Baleares decidió expropiar a varias entidades bancarias, fondos de inversión y empresas promotoras 56 viviendas para destinarlas a uso social.

El gobierno, presidido por la socialista Francina Armengol, que además cuenta como socio a Unidas Podemos (UP), destinará en la primera fase del plan hasta un millón 800 mil euros (43 millones de pesos) para hacerse con el control de esas viviendas hasta el año 2028. La segunda fase podría incluir hasta 6 mil viviendas más.

Las Islas Baleares, uno de los centros turísticos más lujosos de Europa y uno de los puntos neurálgicos de la industria del turismo español, lleva ya más una década con un serio problema de vivienda porque el número de casas no es suficiente para dar respuesta a la demanda que genera –sobre todo en el verano– un sector social vulnerable, es decir, la clase trabajadora que se dedica a los servicios sanitarios, la restauración o la limpieza.

El turismo de lujo y las grandes fortunas controlan el sector inmobiliario en la región, sobre todo el llegado del norte de Europa, como Alemania, Noruega, Holanda y Reino Unido.

En plena pandemia, con una crisis social profunda e inédita en el país, el gobierno balear decidió poner en práctica un plan que llevaba barajando dos años, pero que hasta ahora no se había atrevido a poner en marcha. Y que es el mismo plan que la formación de izquierda UP le reclama que también desarrolle el gobierno central, del socialista Pedro Sánchez, del que forma parte.

El primer paso de un plan global para el resto de España podría ser el de las Islas Baleares, que se basa, además, en una legislación autonómica aprobada en 2018 y que permite el rescate de departamentos o viviendas inutilizadas durante los últimos dos años y que por esa misma razón pasan a ser consideradas como parte de un mercado especulativo, por lo que pueden ser expropiados por el gobierno para darles un uso social.

El primer paso ya está dado y consistirá en la expropiación de 56 viviendas ya identificadas y señaladas por el programa para el que se destinarán un millón 800 mil euros que se pagarán a los bancos y empresas promotoras o fondos de inversión para sufragar los gastos derivados de la operación.

El uso social será alquilar esas viviendas a familias vulnerables, que ahora con la crisis sanitaria han crecido de forma exponencial, y que sólo deberán pagar por ocupar la casa un máximo de 30 por ciento de sus ingresos.

Según la ley balear –que sirve de inspiración para el plan que está sobre la mesa del Ejecutivo español–, los fondos de inversión, entidades bancarios o promotoras que tengan más de 10 viviendas a su nombre serán susceptibles de ser expropiadas, siempre y cuando esas viviendas estén inhabitadas por un periodo mayor de dos años.

El más reciente informe de inspección del gobierno autonómico cifró en 6 mil las viviendas que podrían entrar en esta catalogación, por tanto ser susceptibles de ser expropiadas.

La ley de expropiación de las Islas Baleares establece como obligación que el gobierno autonómico pague por adelantado y de forma íntegra el periodo de cesión de las viviendas expropiadas de forma temporal, a un precio que se acordara con el propietario en función del valor de mercado, pero que siempre será sensiblemente inferior a los precios de alquiler habituales, dada su condición de vivienda vacía.

El consejero de Movilidad y Vivienda del gobierno autonómico, Josep Marí, explicó que se trata de una medida pionera y que en estos momentos, a pesar de que hay algunas comunidades que tienen figuras asimilables, la mayoría están en la fase de detectar los pisos vacíos y no se ha producido ninguna medida de cesión obligada de viviendas de este alcance. Y añadió que los inmuebles se cederán a las personas que más lo necesiten, teniendo en cuenta que no podemos cobrar más de 30 por ciento de los ingresos de los ocupantes. El gobierno balear asume con recursos públicos la diferencia que pagará el arrendador de la compensación que se paga al tenedor.