l presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer una carta a los gobernadores del país para invitarlos a establecer un acuerdo nacional en favor de la democracia. En el espíritu del 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, el mandatario convocó a los ejecutivos estatales a abstenerse de intervenir a favor de cualquier candidato en los comicios de junio próximo, “a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.
Desde una perspectiva meramente jurídica, el llamado presidencial podría parecer innecesario e incluso redundante, puesto que cada una de las prácticas contrarias a la democracia enumeradas por el mandatario se encuentra tipificada como delito electoral y es objeto de sanciones administrativas, penales o de ambos tipos.
Sin embargo, en los hechos existe amplia brecha entre el ideal normativo y el quehacer cotidiano de los actores políticos, y es del conocimiento público que en los procesos electorales persisten la compra de votos, el acarreo, el corporativismo y la participación indebida de autoridades.
A lo señalado por López Obrador debe añadirse la habitual obsecuencia del Instituto Nacional Electoral (INE) como factor que explica y agrava, en una medida no despreciable, la persistencia de todo tipo de alteraciones a la institucionalidad democrática. Cabe recordar que ni siquiera las elecciones federales de 2018 estuvieron libres de lacras como las referidas por el Presidente y que el abrumador apoyo social a un proyecto político impidió que poderes fácticos o funcionarios inescrupulosos alterasen el sentido del voto. Si algunos sectores de la ciudadanía albergaron esperanzas de que el cambio de régimen animaría al INE a emprender una autocrítica y ponerse a la altura de las expectativas sociales, su actuación en los comicios celebrados en octubre pasado en Coahuila e Hidalgo dejó claro que la autoridad electoral sigue siendo laxa ante abiertos despliegues de cacicazgo, corporativismo y compra de votos.
En suma, para combatir el fraude electoral en cualquiera de sus expresiones y en los tres niveles de gobierno no basta con promulgar una legislación idónea; se requiere también la voluntad política de todos los actores involucrados. Además, se sabe que los gobiernos estatales han sido un reducto tradicional del catálogo de malas prácticas perpetradas antes, durante y después de los comicios.
En este contexto, el acuerdo propuesto por el Ejecutivo federal cobra una dimensión de urgente necesidad, por lo que es deseable que sea atendido por todas las autoridades, no como manifestación de obediencia a una directiva presidencial, sino de apego al espíritu democrático y de firme rechazo ante las amenazas de distorsión del sufragio.
