a resolución cautelar que la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) adoptó a escasos días de que hoy sábado la Corte Urbana de Moscú decida si procede o no el recurso de apelación del opositor encarcelado Aleksei Navalny y una corte de distrito dicte sentencia por calumniar a un veterano, confirma que Rusia y la Unión Europea continúan su guerra de nervios que, al desafiarse mutuamente, puede terminar muy mal para ambos.

Con base en el artículo 39 de su reglamento, medida excepcional que se toma cuando considera que existe un riesgo real para la vida del solicitante, la CEDH exigió a Rusia liberar con efecto inmediato al principal adversario del Kremlin mientras haya procesos penales en su contra sin tener sentencia en firme.

Rusia, que en 1998 ratificó la Convención Europea de Derechos Humanos y su protocolo y a la vez es el único país miembro que desde 2015 por ley permite a las autoridades desestimar los fallos de la CEDH, calificó la decisión de aplicar el artículo 39 por primera vez en su contra de injerencia inadmisible en el sistema judicial de un Estado soberano y afirmó que la exigencia es de antemano incumplible, porque pretende suplantar la justicia rusa y anular un veredicto.

Esta enésima falta de entendimiento entre Rusia y la Unión Europea no crea el ambiente más favorable la víspera de que, el lunes siguiente, los cancilleres de los 27 se reúnan para decidir si imponen sanciones a Rusia por el caso Navalny, cuestión en la que todavía no ha alcanzado consenso a partir de tres posiciones encontradas: los que, como Polonia y los tres países ex soviéticos del Báltico, demandan severas sanciones contra su vecino; los que, como Alemania, privilegian sus intereses económicos al no querer renunciar a los energéticos rusos, y los que, como la mayoría, apuestan por emitir una declaración contra el Kremlin y por dejar el asunto en manos de la próxima cumbre de jefes de Estado y gobierno.

El rechazo a la resolución cautelar de la CEDH puede inclinar la balanza hacia la aplicación de sanciones o, no menos grave, ser el comienzo del mecanismo trilateral para la solución de controversias que, en caso de no acatarse un fallo obligatorio, sólo puede tener dos resultados: la suspensión o la expulsión de Rusia de la Convención Europea de Derechos Humanos.