a discusión sobre las propuestas de reformas al marco legal de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en el Senado. Como lo expresé en un artículo anterior (La Jornada, 30/1/21), resulta preocupante que, en un contexto de graves violaciones a derechos humanos, estas propuestas resulten en serios retrocesos que no ayuden a enfrentar esta crisis que asola el país.
Por ello, ahora con más detalle, insistiré en la imperiosa necesidad de atender este tema con todo el cuidado, pertinencia e importancia necesarias. Una serie de colectivos de víctimas, así como de organizaciones sociales, se han pronunciado en contra de dichas reformas y proponen realizar un parlamento abierto, con un diseño asequible y accesible que garantice la escucha y amplio diálogo con los integrantes del Senado, tal como lo ha manifestado en esta semana el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (https://bit.ly/3di68ky), al igual que otros actores de la sociedad civil preocupados por este tema.
Con ello, se han adelantado a solicitar ese ejercicio participativo que, dados los cuestionamientos a los contenidos de la iniciativa presentada, así como al proceso de discusión que ahora se lleva a cabo en comisiones legislativas del Senado, nos parece oportuno. Como aconteció en su momento durante la construcción de la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se debiera también ahora partir por poner en el centro la participación del mayor número de actores interesados, y revisar a fondo la aplicación del actual marco legal, observando las oportunidades de mejora que realmente repercutan en un proceso de fortalecimiento de la FGR.
Para dicho parlamento abierto se hace necesario, desde la etapa del diseño de la metodología de tal ejercicio, que se recojan las propuestas de las víctimas, de sobrevivientes, de organizaciones sociales y de personas expertas. Y establecer adecuadamente los espacios de diálogo y los medios por los cuales los ciudadanos puedan seguir los intercambios y reflexiones entre los diversos actores, así como contar con los resultados de los mismos. Mediante, por ejemplo, informes que den cuenta acerca de lo incorporado o no en un posible dictamen.
Todo esto se convertiría en una buena práctica que se sumaría a experiencias anteriores de parlamento abierto, todas ellas perfectibles, sobre todo en temas trascendentes, como el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia. En este parlamento, plural y de amplia escucha por parte de los senadores, será posible atender inquietudes sobre los derechos de las víctimas que se verían afectados, así como sobre los modelos necesarios para las investigaciones. Igualmente se iría al fondo acerca de la importancia del Consejo Ciudadano de la Fiscalía y de las mejores estrategias para que en ésta se designen fiscales que se coordinen entre sí, por mencionar algunos de los temas a abordar.
Por otro lado, resulta importante la solicitud del Colectivo Impunidemia, basada en lo que establece el artículo 102, apartado A de la Constitución, referido a que el fiscal general presente su informe anual ante el Senado, poniendo especial énfasis en diagnosticar la necesidad de reformar la Ley Orgánica de la FGR. El cumplimiento de esta obligación del fiscal y del Senado sería un insumo más a tan importante debate.
En medio de todas estas voces, llama la atención el papel proactivo que siguen asumiendo comisiones locales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las cuales rechazan igualmente la propuesta de reformas a la FGR. En su comunicado del pasado 16 de febrero, firmado por la CNB y 25 comisiones locales de búsqueda, alertan sobre la desvinculación del Sistema Nacional de Búsqueda, lo cual les parece que exime a la Fiscalía de sus obligaciones constitucionales y convencionales.
Vale recordar que en la versión, hasta ahora oficial de la iniciativa de propuesta al Senado, se pretende también que esta Fiscalía salga de los sistemas de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas, y de protección de niñas, niños y adolescentes, con el argumento de su autonomía.
De ello se desprende una seria problemática, pues esta coyuntura nos debiera ayudar a profundizar qué entendemos por autonomía en el sistema de procuración de justicia, dado que no puede ser usada a modo, y mucho menos ser invocada para evitar obligaciones establecidas en instrumentos internacionales que son parte de nuestra Carta Magna.
Para avanzar a fondo en este importante debate para México, deben intervenir el Congreso de la Unión, las instituciones del Poder Ejecutivo involucradas en el tema, las víctimas, las organizaciones sociales que defienden sus derechos, expertos en la materia y, desde luego, la misma FGR, así como las fiscalías de cada estado de República. Dialogando y escuchándonos lograremos salir adelante de esta dolorosa crisis de derechos humanos.
