Bajo el nombre de Conecta, la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur) activó la página electrónica de registro de personas adscritas al Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) y que ayer inició el procesamiento de solicitudes.

De ese modo, a través de la dirección https://conecta.acnur.org/ los solicitantes deberán registrarse para entrar a Estados Unidos y llevar su caso de solicitud de asilo.

Se estima que hay alrededor de 25 mil solicitudes para radicar en aquel país, y muchos de los solicitantes, que están sobre todo en campamentos de Matamoros, Tamaulipas, aguardan bajo el programa Permanece en México aplicado en su momento por la administración de Donald Trump.

La Acnur anunció también que a partir del lunes contará con un teléfono gratuito para que los migrantes también tramiten por esa vía sus solicitudes. El número para llamar es el 800 283 2753.

La agencia puntualizó sin embargo que el registro en el sitio Conecta no garantiza el orden de ingreso, ya que éste será conforme a los criterios establecidos por las autoridades encargadas.

En torno de la migración, visión de derechos humanos

Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación, aseveró que en el gobierno de México se reconoce una visión de derechos humanos en torno de la migración y la movilidad humana. Buscamos seguir impulsando acciones que pongan a las personas en contextos de movilidad, en el centro de las políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones.

Al participar en el encuentro virtual Espacio de reflexión sobre la situación y derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en Tlaxcala, la funcionaria admitió que la participación y visión plural de los diversos actores involucrados en el fenómeno migratorio es muy necesaria para impulsar los esfuerzos a favor de quienes dejan su lugar de origen.

Asimismo, González Higuera indicó que la Ley de Migración dispone que los tres órdenes de gobierno garanticen el ejercicio de derechos y libertades de las personas en contextos de movilidad, independientemente de su situación migratoria, nacionalidad o condición social. Los tres ordenamientos, apuntó, precisan el derecho de todos los migrantes a acceder a los servicios educativos, de atención médica, actas de registro civil, reconocimiento de su personalidad jurídica y a la justicia.