Las parteras indígenas son muy diversas en sus prácticas, conocimientos y experiencia, así como en la forma en la que llegaron a serlo. Algunas son nietas o hijas de parteras, otras atendieron partos por necesidad, y unas más describen un sueño que les otorgó el don para convertirse en parteras. Sin embargo, todas tienen en común una gran empatía por otras mujeres, que las impulsó a dedicar su vida para apoyarlas durante un momento tan trascendental como es el parto.
Para ellas, el nacimiento tiene un gran contenido espiritual, simbólico y social, que marca una profunda diferencia con la atención biomédica. El parto se desarrolla en un entorno familiar, en casa, en su idioma y en compañía de su familia. No en la aséptica frialdad de un hospital, con personas que no conoce, que le hablan y a veces la regañan en un idioma que no es el suyo. El hospital debería reservarse para las emergencias.
Durante las últimas tres décadas se ha generalizado el parto en hospitales. Afortunadamente, en varias regiones, como en los municipios indígenas de Chiapas, las parteras siguen existiendo. Aunque, ahí también, su trabajo ha sido objeto de constante discriminación por parte del sistema de salud. Esta situación obligó a muchas parteras a someterse al control y a las restricciones de las instituciones de salud, medicalizando sus prácticas, e incluso a acatar la prohibición de atender partos.
A las parteras que optaron por mantener su autonomía, se les ha orillado a trabajar en condiciones de clandestinidad y precariedad. La criminalización de las parteras llegó a situaciones tan extremas como el escarnio público y las amenazas de cárcel. Decenas de testimonios del trato discriminatorio y abusivo fueron registrados en video y por escrito en el documento Recuento de Agravios, elaborado por el Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas (CPMSVCH), para presentarlo ante el Tribunal sobre Violencia Obstétrica en México en 2016.
Apoyado en estos testimonios, este comité preparó una opinión técnica independiente que señala que la política impuesta para obligar a las mujeres a parir en hospitales genera una grave congestión de los servicios y un deterioro de la calidad de la atención, además de crear un ambiente propicio para la violencia obstétrica. Véase https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-AMICUS-CPMSVCH-PARA-EL-TRIBUNAL_compressed-1.pdf.
Para las mujeres indígenas, tales políticas significaron la obligación de parir en hospitales, vulnerando así su derecho a decidir sobre el tipo de parto y de atención que desean.
El acopio de testimonios y las entrevistas colectivas promovieron el intercambio y análisis entre parteras, lo que catalizó la formación del movimiento de parteras NIx Ixim, que conjunta a más de 800 parteras indígenas que luchan por su reconocimiento y sus derechos, lo que ha cambiado la dirección de su destino de desaparición, al resurgimiento. Al mismo tiempo, las autoridades de salud de la región de los Altos de Chiapas han mostrado algunos cambios que, de sostenerse, avizoran un futuro menos negativo. Este proceso ha sido acompañado por varias de las organizaciones que conforman el comité que promueve la maternidad segura y voluntaria: FOCA, GPA, Socios en Salud, CCESC, NiX Ichim, y el Observatorio de Muerte Materna en México, entre otros.
La pandemia por COVID-19 evidenció con mayor claridad las vulnerabilidades de la atención indiscriminada del parto en los hospitales, debido a la reconversión hospitalaria, el miedo al contagio y la reducción del personal médico. Sin embargo, las parteras tradicionales, solidaria y valientemente, reafirmaron su disposición a seguir atendiendo a las mujeres, a pesar de que gran proporción de ellas son adultas mayores y presentan condiciones de salud que incrementan sus riesgos. Algunas de ellas se contagiaron, se han reportado fallecimientos. No obstante, la pandemia mostró, una vez más, el papel insustituible de las parteras tradicionales indígenas.
La prohibición de que las parteras indígenas atiendan partos no está escrita en ninguna parte, pero en Chiapas y en otras regiones del país se les advierte constantemente que no deben hacerlo. A quienes deciden hacerlo se les criminaliza e incluso se les amenaza con ir a la cárcel. De acuerdo con esta prohibición deben limitarse a acompañar a las mujeres al hospital. Pero cuando llegan ahí, no se les permite permanecer al lado de la parturienta. De ahí que las mujeres indígenas acuden al hospital con temor y paren en soledad, ya que pocas veces les permiten ser acompañadas por un familiar.
Incluso, a las parteras indígenas se les obliga a registrarse y recibir capacitaciones sobre prácticas biomédicas, impartidas en español y sin pertinencia cultural. Como resultado, ha surgido una división entre quienes han optado por mantenerse al margen de las instituciones, atendiendo partos en condiciones de franca clandestinidad y precariedad, y las que resignadamente han aceptado la prohibición de atender partos y se limitan a ser acompañantes. A estas últimas, el Programa de Salud Mesoamericano del BID les pagaba por cada mujer que en lugar de atenderla, la llevaban al hospital para que el personal de salud lo hiciera (Véase el link anterior.)
Tal situación ha provocado fisuras y tensiones entre ellas, ya que sólo a las primeras se les ha dado exclusividad en el uso del formato oficial para registrar el alumbramiento, documento necesario para tramitar el acta de nacimiento. Este hecho discriminatorio menoscaba la autonomía de las parteras indígenas y vulnera el derecho de recién nacidos a una identidad.
Debido a los agravios recibidos y al temor a las amenazas, un número cada vez mayor de parteras optan por abandonar su oficio. También son cada vez más escasas las jóvenes indígenas que desean ejercerlo, por ello, la partería tradicional indígena está desapareciendo, extinguiéndose en muchos lugares y, con ella, saberes y prácticas tradicionales importantes que durante siglos se transmitieron de mujer a mujer. Su desaparición empobrece la diversidad biológica y cultural de los territorios que habitan y del mundo entero. •