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Falta coordinación en el gobierno contra la tortura, acusan defensores sociales
 
Periódico La Jornada
Sábado 13 de febrero de 2021, p. 8

Al interior del gobierno de México existe una preocupante falta de coordinación entre diversos organismos y funcionarios con respecto a la gravedad de la tortura y las formas de erradicarla, lo cual ha incidido en que dicha práctica siga siendo común en el país y sus responsables permanezcan en la impunidad.

Así lo indicaron organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las cuales advirtieron que en el país sigue habiendo pocos recursos y falta de voluntad política para acabar con los tratos inhumanos, crueles y degradantes, a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para avanzar en esa materia.

En conferencia de prensa, Helena Solà Martín, coordinadora en América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), explicó que entre el 4 y el 11 de febrero pasados diversos colectivos realizaron una misión virtual de seguimiento para conocer el nivel de implementación que le ha dado el gobierno de México a las recomendaciones que formuló en 2019 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés).

Uno de los principales hallazgos de dicho grupo, manifestó, es que la tortura y la impunidad persisten en México, debido a que en la gran mayoría de las instituciones del Estado hay una clara falta de voluntad para revertir la práctica.

En ese marco, Solà enfatizó que dentro de la administración federal sigue habiendo disonancias sobre la importancia de combatir los malos tratos y la forma de hacerlo, lo que se traduce en la falta de políticas públicas transversales contra dicho fenómeno.

Olga Arnaiz, integrante de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, coincidió en la opinión de que “hay ciertas contradicciones o desavenencias al interior del gobierno que ellos mismos reconocen en cuanto a temas de derechos humanos.

Por su parte, Valeria Moscoso, consultora local de la OMCT, destacó que las organizaciones de la Misión de Seguimiento vemos una fuerte y preocupante desarticulación entre las instituciones del Estado, y más entre las federales y las locales, en cuanto a las visiones sobre la tortura y la importancia de combatirla.