Para avanzar contra la impunidad y la violencia en el país, el Estado mexicano debería permitir la llegada de un mecanismo internacional extraordinario que lo asesore en la materia, y con el que haya un ejercicio de soberanía compartida, lo cual implica delegar parte de sus facultades.

Así lo afirmaron los participantes en el conversatorio virtual Debates actuales sobre la justicia en México, quienes advirtieron que esa cooperación podría verse frenada si se imponen posturas de nacionalismo judicial extremo.

La jurista María Eloísa Quintero, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, destacó que a pesar de las carencias y obs­táculos que debió enfrentar, dicho organismo logró plantear investigaciones integrales de fenómenos delictivos que llevaron a obtener más de 400 sentencias, con más de mil 500 imputados.

Para alcanzar resultados positivos con esas herramientas, indicó, es necesario contar, por ejemplo, con un plan de trabajo coordinado entre instituciones y organismos civiles, un marco mínimo de seguridad para investigadores y jueces, y un equipo independiente, guiado por un método específico.

El éxito de un esquema así en México, estimó Quintero, dependería de que se asuma una óptica integral de análisis de la macrocriminalidad –en vez de seguirse enfocando en las acciones particulares de sujetos individuales–, y de evitar que regrese una postura de nacionalismo extremo que impediría colaborar con mecanismos jurídicos internacionales.

En el caso del general Salvador Cienfuegos, destacó, la Fiscalía General de la República siguió la lógica de que el militar no se había comunicado directamente con nadie ni dio ninguna orden, en vez de preguntarse lo que no hizo o lo que habría tenido que impedir como alto funcionario.

Por su parte, Jan-Michel Simon, académico del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional, subrayó que este tipo de herramientas implican que entre el Estado anfitrión y el grupo asesor se ejerza una soberanía compartida en la cual las autoridades acepten delegar parte de sus prerrogativas.