Para el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, la acusación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en contra del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos evidentemente tenía un objetivo de escándalo. No sólo eso. Considera que estuvieron esperando con toda malicia para llevarse el prestigio del país y sus instituciones al demonio.

Frente a las críticas hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la decisión de no ejercer acción penal contra el general, el fiscal asegura no temer represalias del vecino país: este caso se trata de manera institucional, no es un asunto de personas.

En entrevista con La Jornada también sostiene que la DEA está en su derecho de impugnar la resolución que tomó la FGR y acudir a instancias judiciales para que un poder diferente –en este caso el Poder Judicial de la Federación– analice la legalidad de lo determinado.

Gertz informa que el Ministerio Público Federal inició una investigación para determinar si la manera en que la DEA obtuvo las pruebas contra el militar fue legal, y explica que esta indagatoria se abrirá al escrutinio de autoridades de derechos humanos internacionales, a las que se extenderá la invitación para que acompañen a la fiscalía.

Expediente insuficiente

Por lo pronto, el expediente entregado por la agencia estadunidense a la autoridad mexicana fue insuficiente para demostrar la responsabilidad de Cienfuegos en la comisión de los delitos que se le imputaban.

El pasado 16 de octubre el general viajó con su familia de vacaciones a Estados Unidos y fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por agentes de la DEA. Durante cinco semanas permaneció detenido, acusado de vínculos con el cártel del H-2 y haber cometido delitos contra la salud y lavado de dinero.

Cinco semanas después, por gestiones del gobierno mexicano, la DEA se desistió de las imputaciones y fue regresado al país como una persona sin acusaciones, aunque la FGR investigó los señalamientos de la autoridad estadunidense y dos meses después la fiscalía determinó no ejercitar acción penal.

–¿Se investiga cómo obtuvo las pruebas la DEA y si fue en México?

–Sí, lo estamos investigando. Hay un convenio y debían respetarlo. Ahora se quejan de que esto puede deteriorar la colaboración, ¿cuál colaboración? ¿La de los ocho años de secrecía, esa colaboración es de la que hablan? ¡No, hombre, por favor!

–¿Qué sigue?

–Comunicamos al representante de la DEA la decisión del no ejercicio de la acción penal. Le entregamos copia de todos los argumentos jurídicos para los efectos procedentes. De esa manera, ellos pueden ir en contra de la resolución, impugnarla en la propia fiscalía, aportar las pruebas que consideren que los benefician. Su impugnación, junto con las nuevas pruebas que eventualmente entreguen, se analizarán en su momento.

“Ellos tienen ese derecho, pero además, si lo que nosotros estableciéramos –esto sí es hipotético– y volviéramos a repetir el no ejercicio, ellos se pueden ir ante un juzgado de carácter federal (en México) y luego a las siguientes instancias en un poder absolutamente independiente al nuestro.

“Estamos abiertos a ir a los tribunales para demostrar la legalidad y fortaleza de la determinación. No se vale descalificar nada más porque sí a la institución, a su titular, a todos los que han trabajado en esto, porque no hicieron lo que los estadunidenses tenían la obligación de hacer, que era seguir en sus tribunales, ellos optaron por retirar la acusación.

“Es verdaderamente desproporcionada esa posición cuando durante ocho años se investigó en secreto un asunto de delitos que supuestamente se estaban cometiendo en México. Por eso vamos a investigar cómo se obtuvieron las pruebas, cómo calificaron pruebas en las que unos señores describían a la persona con la que se suponía estaban tratando, con características absolutamente contrarias a las de la persona señalada. Es grotesco.

Aquí hay quienes descalifican el trabajo que hizo la fiscalía. No cuestionan la legalidad de las pruebas ni la forma en que la DEA las obtuvo. Tampoco les parece mal que llevaran en secreto este asunto. Lo tenían resuelto cuatro o cinco meses antes, y se estuvieron esperando con toda malicia a que este señor fuera a Estados Unidos para armar un escándalo verdaderamente monumental y llevarse el prestigio del país y de las instituciones al demonio.

–¿En las conversaciones del expediente se hace referencia a otros ex funcionarios mexicanos de alto nivel, pero la DEA sólo actuó contra el ex titular de la Sedena, ¿cómo interpreta eso?

–Me parece condenable, porque dentro de esta investigación solamente se acusa al general Cienfuegos. Efectivamente se menciona a otros sobre los que no se dice nada, aun cuando son las mismas probanzas y los mismos cruces de charlas.

“Ahí no hay argumentos de por qué a unos sí y a otros no se les investigó más a profundidad o se les acusó penalmente. Y luego, ya no podemos ni siquiera ratificar eso porque ya están muertos –en este caso Juan Patrón Sánchez, El H-2, y Daniel Silva Gárate, El H-9, narcotraficantes en los que se sustentó la investigación.

“ Todo eso la DEA lo hizo dentro del territorio nacional por delitos que se iniciaron necesariamente en México. Si se hubieran cometido en Estados Unidos nosotros no tendríamos nada qué ver con eso.

Aquí iniciamos una investigación y trataremos de que se lleve a cabo con la presencia y testimonio de autoridades de derechos humanos internacionales. De lo contrario, esto no va a acabar nunca. Aún no hemos extendido la invitación a esos organismos. En su momento lo daremos a conocer.

–¿Qué tan importante considera usted a la DEA en el combate al crimen organizado en México?

–Han realizado actividades que han sido muy, muy satisfactorias. Hay información de inteligencia que nos ha servido. Trabajamos todos los días porque los delitos de esta naturaleza son trasnacionales. Yo no podría hacer una descalificación general.

–¿Se afectará la colaboración con la DEA por lo sucedido con el general Cienfuegos?

–¡Claro que no! Esto no es un asunto personal, cada quien tiene que asumir la parte de responsabilidad que le corresponda y punto.

–Cree que en el operativo contra el general había la intención política de colocar a México como narcoestado o un narcogobierno?

–Evidentemente tenía un objetivo de escándalo. Si no, no lo hubieran manejado en la forma que lo hicieron. Primero lo guardaron en secreto durante ocho años. Como ellos mismos dicen, separaron toda la operación y esperaron a que el individuo fuera a Estados Unidos. ¡Era para crear un escándalo como el que generaron!