La falta de una regulación adecuada sobre la gestación subrogada que garantice los derechos de las mujeres y a la vez los de los niños que nacen de este proceso los deja en completa indefensión, incentiva a que se haga de manera clandestina y criminaliza a quienes lo llevan a cabo, señalaron las organizaciones Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) y Ledeser.

Indicaron que en México sólo se permite este tipo de contratos en Tabasco y Sinaloa, pero su regulación presenta lagunas legales y aspectos discriminatorios.

Verónica Esparza, investigadora de Gire, expuso que para el caso de Tabasco, el primero en intentar regular esta práctica, si bien el Código Civil contiene elementos positivos al hacer explícitas algunas obligaciones de los contratantes, como el pago de gastos médicos y que el contrato se haga ante un notario público, también tiene deficiencias, como restringir el acceso a parejas del mismo sexo, personas solteras y a extranjeros.

Alehlí Ordóñez, directora de Ledeser, destacó que ni la regulación de Tabasco ni la de Sinaloa funcionan y en una investigación que realizaron encontraron que los procesos jurisdiccionales son los más seguros para esta actividad. Explicó que, con ello, el contrato entre ambas partes se propone ante un juez familiar, quien tiene que velar por que haya equilibrio, prevenir que la mujer gestante no esté siendo forzada y que no solamente la contraprestación que se da sea efectiva, sino que contemple compensaciones e indemnizaciones.