l jueves pasado la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa en el sexenio pasado y acusado por la justicia estadunidense de narcotráfico y lavado de dinero. El caso ha dado lugar a un amplio debate en el que se mezclan consideraciones sobre transparencia, soberanía, respeto al debido proceso, combate a la impunidad, violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente y hasta el peso real de las fuerzas armadas en las decisiones de gobierno.
El militar fue detenido el 15 de octubre de 2020 con el fin de someterlo a juicio. Días más tarde, el gobierno mexicano envió una nota a Washington en la que señaló que tanto la investigación como la captura representaban una serie de violaciones a la soberanía nacional y al Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (TAJM), y pidió que el reo fuera excarcelado y enviado a México, donde la FGR abriría una carpeta de investigación basada en las imputaciones formuladas por la oficina estadunidense de combate a las drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Tal petición fue concedida el 19 de noviembre. Cienfuegos volvió a México, se le notificó que existía una investigación en su contra y el Departamento de Justicia del país vecino envió a la FGR una voluminosa carpeta con los documentos de la acusación. Tras examinarlos, después de una indagación sobre la evolución patrimonial del imputado y luego de escuchar a la defensa, la instancia de procuración determinó que no había elementos para iniciar un proceso penal contra el militar. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la FGR e instruyó al canciller Marcelo Ebrard dar a conocer a la sociedad la carpeta íntegra enviada por Washington para que los ciudadanos pudieran sacar sus propias conclusiones. La fiscalía, por su parte, divulgó el expediente de la averiguación previa, si bien censurado para proteger datos personales y aspectos confidenciales de la investigación.
Cierto es que en el marco legal de nuestro país el material recopilado por la DEA contra Cienfuegos evidencia una violación a la soberanía, pues fue recopilado sin informar al gobierno mexicano, y no sirve para iniciar un juicio, porque muchas de sus piezas fueron obtenidas de manera ilegal, es decir, mediante intercepciones telefónicas y de datos realizadas sin orden judicial que, a contrapelo de lo que se afirma en Washington, se llevaron a cabo en territorio mexicano. Así, a falta de pruebas válidas y consistentes que pudieran presentar en el futuro las autoridades de cualquiera de los dos países o de ambos, Cienfuegos debe ser considerado inocente respecto de los señalamientos por narcotráfico.
Asimismo, no puede ignorarse que el general exonerado fue el máximo responsable castrense en un sexenio caracterizado por gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares, entre las que destacan la masacre de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, y la atrocidad cometida en Iguala la noche del 26 de septiembre de ese mismo año, en la que las fuerzas policiales asesinaron a tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa y a otras tres personas, hirieron a varias más y desaparecieron a 43 normalistas cuyo paradero sigue sin conocerse, hechos en los que el 27 Batallón de Infantería del Ejército tiene una responsabilidad cuando menos por omisión.
Con esos y otros agravios aún en carne viva en la sociedad, es inevitable que se exprese malestar por la exoneración de Cienfuegos. Sin duda, el episodio de la detención del ex secretario de Defensa hace ver la necesidad de culminar a la brevedad la investigación sobre la noche de Iguala y reactivar las de Tlatlaya y otros muchos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares durante el gobierno peñista.
Por último, no es sensato magnificar el roce bilateral generado por el caso: la cooperación México-Estados Unidos en el combate a la delincuencia necesita una reformulación general explícita y en la actual circunstancia este episodio es un problema muy menor para el gobierno y la clase política del país vecino. Por lo demás, todo el caso se originó por violaciones estadunidenses al TAJM, y si el gobierno mexicano lo infringió después al divulgar las imputaciones enviadas por Washington, mucho más relevante fue el servicio a la causa de la transparencia.
