Buenos Aires., Al cumplirse el sábado cinco años de la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala, que sigue bajo prisión, organismos de derechos humanos expresaron su enorme preocupación por la existencia de presas y presos políticos del pasado gobierno derechista de Mauricio Macri sometidos hasta hoy a detenciones arbitrarias, entre quienes figuran ex funcionarios, líderes sociales y políticos que claman por su inocencia, mientras la justicia retrasa permanentemente la revisión de las causas.

Encabezan la lista de firmantes del comunicado Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, HIJOS Capital, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y otras entidades.

Afirmaron que la persecución y la cárcel impuesta a Milagro Sala y a los suyos fue consecuencia de su militancia y compromiso con los más humildes y vulnerables, por animarse a enfrentar a los poderosos y lograr el reconocimiento de derechos para su pueblo, ante lo cual exigen una respuesta a la Corte Suprema de Justicia.

Advirtieron que se encuentran en situación similar otros dirigentes y referentes políticos y sociales, cuyos procesos judiciales revelan un entramado de complicidades cruzadas entre jueces, fiscales, servicios de inteligencia, medios hegemónicos y poderes fácticos.

Entre éstos destacan los nombres del dirigente social Luis D’ Elía y del ex vicepresidente Amado Boudou, advirtiendo que en ambos casos la Corte Suprema inescrupulosamente ni siquiera abrió los recursos presentados por sus defensas y de ese modo sus injustas condenas quedaron firmes.

Es evidente la coincidencia de estas expresiones con las masivas marchas realizadas este sábado en la provincia de Jujuy, sitiada por fuerzas policiales, para supuestamente prevenir disturbios, y con las organizaciones sociales, sindicales y humanitarias que protagonizaron una manifestación durante la cual, al pasar frente a los tribunales, arrojaron bolsas de basura con la consigna: la Corte es el basurero de la democracia.

En la marcha realizada en Buenos Aires se expusieron las demandas en favor de una reforma judicial profunda que deberá comenzar por la cabeza de ese poder del Estado, y la advertencia de que, por como ha dejado la estructura judicial el gobierno de Macri nombrando, trasladando y cesando jueces de manera ilegal, todas las acciones que surgen de esta mesa judicial van contra de las libertades y los intereses del pueblo.

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