En el contexto de la pandemia de Covid-19, grupos criminales se han hecho pasar por representantes de instituciones o empresas farmacéuticas para ofrecer de manera falsa la vacuna contra la enfermedad, lo cual no sólo defrauda a los posibles consumidores, sino que los expone a sufrir graves consecuencias de salud, advirtió el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién.

En varias entidades del país desafortunadamente ha habido suplantación de identidad y seudocomercialización de una vacuna que no está a la venta. Esta es un área de oportunidad para que las autoridades en materia de seguridad pública y salud se adentren en el tema y lo tomen con mayor seriedad, señaló el experto.

Sapién explicó en entrevista con La Jornada que los grupos delincuenciales ofrecen la inmunización a través de Internet y al recibir los mensajes de las personas interesadas, les instruyen hacer un pago antes de las 18 horas con bitcoines o algún otro tipo de criptomonedas, lo cual hace estas operaciones más difíciles de rastrear.

Toman el dinero y no les mandan absolutamente nada. El riesgo es que le llegue a la gente algún producto apócrifo y, si bien le va, sea una solución inyectable de agua que no le garantiza estar inmunizada, pero en el peor de los casos puede causarle algún daño de salud, alertó.

El titular del CNSP recordó que este fenómeno delictivo ocurre en un escenario en el cual 8 millones de personas en México consumen medicamentos robados –que pueden estar caducos o alterados–, lo cual genera pérdidas económicas a la industria del ramo por más de 2 mil millones de pesos.

Aunque no se tiene un número confiable de la cantidad de personas que han sido afectadas por la venta falsa de la vacuna, el gobierno de Estados Unidos indicó que hay más de 300 páginas web que ofrecen inmunizaciones contra el Covid, pruebas de detección y sistemas para mitigar el virus que obviamente no son reales.

En el caso de Quintana Roo, dijo Sapién, se ha detectado a grupos de personas que se hacen pasar por representantes de una farmacéutica para recabar datos personales sensibles e incluso copias de la credencial de elector y comprobantes de domicilio, lo cual expone a la gente al riesgo de ser extorsionados y que su información sea usada para cometer otros delitos.